Escuela de Comunicación

Universidad De Puerto Rico
Recinto De Río Piedras
Senado Académico
Comité De Reglamento Y Ley Universitaria

Informe sobre el proceso de aprobación de la revisión curricular del Programa de Bachillerato de la Escuela de Comunicación

25 de noviembre de 2003

Tabla de Contenido

Miembros Comité de Reglamento y Ley Universitaria. Siglas 
Introducción
1.   Encomienda

2.  Metodología	 
I.  Marco normativo.	  
	A. Ley de la Universidad de Puerto Rico.	 
	B.  El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico.  	 
	C.  Las Certificaciones del Consejo de Educación Superior  	 
		La Certificación Núm. 86, 1973-74.	 
 		La Certificación Núm. 106, 1973-74.	 
		La Certificación Núm. 57, 1978-79.	 
		La Certificación Núm. 93-113.	 
	D.	El trámite interno en la Junta Universitaria.	 
	E.	El trámite interno en la Vicepresidencia 
		de Asuntos Académicos.	 
	F.	La normativa interna del Recinto de Río Piedras.	 
	G.	Conclusiones sobre el ordenamiento normativo 


II.	La Propuesta de revisión del Programa de Bachillerato de la
        Escuela de Comunicación Pública.	 


	El proceso de aprobación dentro del Recinto de Río Piedras	 

		1. Los hechos de acuerdo a la evidencia. 
		2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente  al
		   momento de atenderse la Propuesta.	 
 
	B.	El proceso de evaluación a nivel de Vicepresidencia.	 
		1. Los hechos de acuerdo a la evidencia	 

		2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente
		   al momento de atenderse la Propuesta.	 

	C.	El proceso de evaluación a nivel de la Junta Universitaria	 

		1. Los hechos de acuerdo a la evidencia.	 
		2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente
		   al momento de atenderse la Propuesta.	 


	D.	El proceso de aprobación en la Junta de Síndicos	 
		1. Los hechos de acuerdo a la evidencia. 
		2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente 
		   al momento de atenderse la Propuesta.	 

	E.	El proceso de aprobación en el Consejo de Educación Superior	 
		1. Los hechos de acuerdo a la evidencia 
		2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente
		   al momento de atenderse la Propuesta.	 

III.	Conclusiones y Recomendaciones. 
IV.	Exhibits 	 
Miembros del Comité de Reglamento y Ley Universitaria
 
Enrique Alvarado Hernández
Yennifer Álvarez Jaimes
Aida Andino Pratts
María E. Díaz Casiano
Guillermo Figueroa Prieto
María del R. Medina Díaz
José M. Molina Adorno
Marcos E. Rivera Colón
Iván Rivera Reyes
Yolanda Rivera Turull
Carlos Rodríguez Fraticelli 
Aurelio Torres Ponsa
Myrna I. Vélez Nazario

El Comité quiere agradecer la ayuda técnica que nos brindara el personal de la Secretaría del Senado Académico, en especial a la Prof. Carmen I. Raffucci, Secretaria del Senado, a la Sra. Valerie Vázquez Rivera, a la Sra. Zoraida I. Serrano Bruno y a José A. “Tito” Román Rivera.

Siglas

Comité de Asuntos Académicos de la Junta Universitaria CAA-JU
Comité de Asuntos Académicos del Senado de Río Piedras CAASA-RRP
Consejo de Educación Superior CES
Decanato de Asuntos Académicos, Recinto de Río Piedras DAA-RRP 
Escuela de Comunicación Pública ECP
Ley de la Universidad de Puerto Rico	LUPR
Oficina de Asuntos Académicos, Vicepresidencia
de Asuntos Académicos	OAA-VAA
Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico RGUPR	
Reglamento Interno de la Junta Universitaria	RJU
Senado Académico, Recinto de Río Piedras SA-RRP
Vicepresidencia para Asuntos Académicos e Investigación VAA
Junta Administrativa, Recinto de Río Piedras JA-RRP
Junta Universitaria JU
Junta de Síndicos JS

INTRODUCCIÓN

1. La Encomienda

En reunión ordinaria del Senado Académico celebrada el 28 de agosto de 2003, la profesora María del R. Rodríguez Orellana, senadora por la Facultad de Administración de Empresas, planteó ante el Cuerpo que en una investigación realizada por ella y otra senadora, encontraron que en la Junta Universitaria y en la Junta de Síndicos se habían aprobado “unos cambios sustanciales adicionales a la propuesta original de la Escuela de Comunicación Pública que este Senado había aprobado el 8 de mayo de 1997 y que la Junta Administrativa había aprobado el 12 de noviembre de 1999”, pero que no hallaron “evidencia de que fuesen evaluados y aprobados ni en el pleno del Senado, ni por la Junta Administrativa”. La Senadora levantó una serie de preguntas sobre las implicaciones que esto tenía sobre las funciones del Senado Académico y la autonomía académica del Recinto. (Exhibit 1). Como resultado de estos planteamientos se le solicitó a la Decana de Asuntos Académicos, la doctora Sonia Balet, que contestará tales interrogantes en la próxima reunión del Senado.

En la reunión ordinaria del 18 de septiembre, las senadoras Trini Ayoroa Santaliz y Rodríguez Orellana distribuyeron al Senado Académico el documento titulado Cronología documentada anotada: la revisión del Programa de Bachillerato en Comunicación, fechado el 9 de septiembre de 2003. En el mismo, las Senadoras cuestionaron el trámite que se siguió “en la aprobación de la revisión curricular del Programa de bachillerato de la Propuesta de revisión curricular de la Escuela de Comunicación Pública: Programa Subgraduado, que se presenta como el modelo a seguir por Recinto y por el Sistema de la Universidad de Puerto Rico”. Plantearon las senadoras que “los hallazgos levantan serias interrogantes respecto al cumplimiento con las disposiciones reglamentarias vigentes en el Sistema Universitario para la aprobación de los nuevos programas académicos y la revisión de los vigentes”. También expresaron su preocupación por “la posible violación a la autonomía del recinto (énfasis en el original) por parte de instancias superiores en el Sistema Universitario”. (Exhibit 2).

En esa reunión, la doctora Sonia Balet rindió un informe oral preliminar e informó que presentaría un análisis más completo por escrito, en el que se atenderían otras alegaciones hechas en la “Cronología”. Posteriormente, la doctora Balet sometió al Comité el documento titulado “Planteamientos del Decanato de Asuntos Académicos sobre la aprobación de la propuesta de la Escuela de Comunicación” (1 de octubre de 2003). (Exhibit 3).

Luego de considerar tanto las contenciones de las senadoras Ayoroa Santaliz y Rodríguez Orellana, como los señalamientos de la decana Balet y otros Senadores, el Cuerpo acordó, mediante la Certificación Núm. 13, Año Académico 2003-2003:

  1. Considerar como primer punto en la agenda de la próxima reunión ordinaria (octubre) el proceso de aprobación de la revisión curricular del Programa de Bachillerato de la Escuela de Comunicación (COPU).
  2. El Comité de Reglamento y Ley Universitaria preparará, para dicha reunión ordinaria, un análisis tanto del reclamo presentado por las senadoras Trini Ayoroa Santaliz y María del R. Rodríguez Orellana titulado “Cronología documental anotada: la revisión del Programa de Bachillerato en Comunicación.. (9 de septiembre de 2003) como de la contestación de la Decana de Asuntos Académicos, doctora Sonia Balet, al mencionado documento.
  3. Ambos informes, junto al análisis del Comité de Reglamento y Ley Universitaria, circulará a los(as) senadores(as) con la convocatoria a la reunión ordinaria de octubre.
  4. El Comité de Reglamento y Ley Universitaria examinará otros casos cuyo procedimiento de aprobación, sin entrar en contenidos curriculares, tengan visos similares a los que se alegan, caracterizan la revisión del Programa de Bachillerato de la Escuela de Comunicación (COPU), en el proceso de aprobación en las distintas instancias institucionales.
  5. No se tomará ninguna acción académica que pueda resultar en perjuicio de los asuntos académicos y procesales planteados en este reclamo a la aprobación del programa de revisión curricular del bachillerato en la Escuela de Comunicación (COPU). (Exhibit 4).

2. Metodología

El Comité de Reglamento y Ley Universitaria (el “Comité”) se reunió en 11 ocasiones para atender la encomienda. En la primera reunión se determinó clarificar el alcance de la misma. Con ese fin procedió a escuchar el segmento de la grabación que contenía el intercambio que se generó en el Senado Académico en torno al asunto. Una vez definida la encomienda, se acordó: (1) recopilar toda la documentación relacionada con el asunto bajo estudio; (2) analizar la normativa que regula el proceso de aprobación de la revisión de programas académicos y (3) analizar los casos particulares.

Como primer paso, se estableció comunicación con todas las instancias y oficinas que intervienen en el proceso de aprobación de propuestas de revisión curricular para informarles el carácter de nuestra encomienda y gestionar su cooperación en el cumplimiento de ésta. A tales efectos, el Comité le solicitó a cada una de ellas: (a) que le hicieran accesibles sus expedientes sobre el asunto bajo estudio; (b) copias de las certificaciones u otros documentos que establecieran sus facultades y responsabilidades en el proceso de aprobación de las revisiones curriculares; (c) copia del protocolo interno que utilizan para atender estos asuntos; y (d) cualquier otra documentación que pudiera ayudar en nuestra encomienda. En específico, el Comité envió comunicaciones escritas al Director de la Escuela de Comunicación (” EC”) 1 , y a las Secretarías del Senado Académico (“SA”), la Junta Administrativa (“JA”), la Junta Universitaria (“JU”) y la Junta de Síndicos (“JS”), y al Consejo de Educación Superior (“CES”), así como a la Vicepresidencia de Asuntos Académicos e Investigación de la Administración Central (“VAA”). Además de enviar comunicaciones escritas, miembros del Comité visitaron las diferentes oficinas para examinar los expedientes y obtener la documentación solicitada. El Comité también cursó comunicaciones a las senadoras Ayoroa Santaliz y Rodríguez Orellana, y a la decana Balet, solicitándoles sus respectivos escritos y copia de toda aquella documentación que consideraran pertinentes para propósitos de la encomienda.

Asimismo, el Comité solicitó al senador de la Escuela Graduada de Planificación, doctor Rafael Irizarry, quien había informado al pleno del Senado en la reunión del 18 de septiembre de 2003 que tenía conocimiento de otros procesos de revisión curricular que tenían visos similares a los que se alegaba en el caso de la ECP, que sometiera un documento identificando esos casos, de forma que el Comité pudiera cumplir responsablemente con su obligación. Luego de un intercambio de cartas, el senador Irizarry, en comunicación con fecha del 13 de octubre de 2003 y entregada el 14 de octubre de 2003, identificó tres programas graduados en los que alegadamente se habían hecho cambios a “los [sic] propuestos [sic] inicialmente aprobados [sic] por el Senado Académico (SA), en forma unilateral por la Junta de Síndicos (JS), la Junta Universitaria (JU) o el Consejo de Educación Superior (CES)”. (Exhibit 5). El Comité determinó que una vez terminara la primera parte de la encomienda ñel análisis del proceso de aprobación de la revisión curricular del Programa de Bachillerato de la Escuela de Comunicaciónñ procedería a atender las alegaciones del senador Irizarry.

En reunión celebrada el 14 de octubre de 2003, y luego de analizar el estado de la investigación, el Comité concluyó que necesitaba más tiempo para cumplir efectivamente con la encomienda. Se optó por rendir un informe preliminar al SA y solicitar que se pospusiera la consideración del asunto para una futura reunión extraordinaria a celebrarse en noviembre (Exhibit 6). En la reunión del 21 de octubre, el Comité acordó recomendar al SA que, en lugar de convocar una reunión extraordinaria, considerase colocar el asunto como primer punto en la agenda de la reunión ordinaria del mes de noviembre. En la reunión ordinaria celebrada el 23 de octubre de 2003, el SA acogió esta recomendación.

Durante el proceso se generó una gran cantidad de documentos. Para cumplir con la encomienda, el Comité procedió al análisis de la legislación, los reglamentos, las certificaciones y cartas circulares, y otra documentación de carácter normativo, relevante a los procesos de revisión curricular, que estaba vigente al momento de atenderse la propuesta de revisión curricular por las diferentes instancias y oficinas. Una vez aclarada la situación normativa, se procedió al examen del proceso de aprobación de la Propuesta de revisión del Programa de Bachillerato de la ECP.

El Comité descargó en el senador Carlos Rodríguez Fraticelli la responsabilidad de preparar borradores de las partes del Informe relacionadas con el marco normativo y la reconstrucción de los hechos, que servirían como documentos de trabajo para el Comité. Los borradores, juntos con los documentos pertinentes, fueron distribuidos a los miembros del Comité para su consideración y discusión. Los mismos fueron revisados en función de los comentarios, sugerencias y cambios que sometieron los miembros del Comité, y de nueva información obtenida durante el proceso. Una vez aprobados los borradores, se procedió con la síntesis de los hallazgos y su análisis partiendo del marco normativo desarrollado en la primera fase de la encomienda. Habiéndose finalizado este proceso, el Comité pasó a la consideración de posibles recomendaciones para atender la situación.

En reuniones celebradas los días 13 y 14 de noviembre de 2003 el Comité consideró y aprobó por unanimidad el presente Informe. éste consta de tres partes. En la primera, titulada “El marco normativo”, el Comité ofrece un análisis de la normativa existente al momento de la consideración de la propuesta de revisión del programa de bachillerato de la ECP por las diferentes instancias universitarias. La segunda parte, “La propuesta de revisión del Programa subgraduado de la Escuela de Comunicación Pública”, presenta los hechos relacionados con el proceso de aprobación de la propuesta, desde que se originó en la ECP hasta su aprobación por el CES, y el análisis de los mismos en función de la normativa existente. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones son presentadas en la tercera parte.

El Informe está acompañado por un apéndice que consiste de 91 exhibits. Se ha preparado también un listado de los documentos que fueron consultados durante la investigación. Para facilitar la consulta de los documentos citados, se han numerado los mismos en orden de citación. Debido a la extensión de la evidencia documental utilizada, el Comité determinó no anejarlos al texto. Los documentos, incluyendo los que no han sido citados en el Informe, están disponibles en la Secretaría del SA-RRP.

El Comité se esforzó por obtener todos los documentos necesarios para el cumplimiento cabal de su encomienda. Parte de la documentación solicitada, sin embargo, no estuvo disponible. Todas las instancias y las oficinas del Sistema de la UPR que intervinieron en el proceso dieron al Comité acceso directo a sus respectivos expedientes. La única excepción fue la ECP, cuyo Director indicó al Comité que “tras la destrucción del edificio de la Escuela de Comunicación por el Huracán Georges en septiembre de 1998, casi todos los documentos de los archivos de la Escuela se perdieron. Esta pérdida irreparable incluyó actas, minutas, reglamentos, expedientes, material educativo, en fin todo aquello susceptible a ser destruido por la fuerza del huracán . . . [y que] “tras la mudanza al edificio reconstruido en agosto de 1999 y por razones de espacio, gran parte de los archivos de la Escuela se enviaron al Archivo Central”. Indicó también el Director que por esas razones, “la documentación más completa que existe acerca de la revisión curricular está en los archivos del Senado Académico y en los de las otras instancias evaluadoras: Junta Administrativa, la Junta Universitaria y Junta de Síndicos”. No obstante, el Director de la EC se comprometió a intentar localizar en el Archivo Central y en los archivos de la Escuela aquella documentación que pudiera ser de utilidad al Comité, incluyendo “copias de las actas de comités y de reuniones de facultad que tenemos disponibles”. (Exhibit 7) .

En comunicación fechada el 27 de octubre de 2003, el Director de la EC certificó que en su búsqueda de los archivos solo había encontrado dos documentos “que se relacionan con los procedimientos de aprobación e implantación de la revisión curricular de Bachillerato y Maestría de la Escuela”. (Exhibit 8). éstos son el memorando titulado “Propuesta de Revisión Curricular de los Programas de Bachillerato y Maestría de la Escuela de Comunicación Pública”, que presentara el Rector a la JA previo a la consideración de la propuesta por ese Cuerpo y los “Comentarios y recomendaciones a la propuesta de revisión curricular de la maestría y el Bachillerato en Comunicación Pública del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico”, preparados por la Directora de la Oficina de Asuntos Académicos de la VAA (“OAA-VAA”) en apoyo a la propuesta. (Exhibits 9 y 10).

La ausencia de ciertos de documentos en varias oficinas ñespecíficamente en la ECP, en el Decanato de Asuntos Académicos y en la VAAñ referentes a diferentes aspectos del proceso de aprobación, no permitió al Comité aclarar varias de las interrogantes que surgieron en el proceso. Por lo tanto, el Comité considera importante advertir al respecto. No obstante, el Comité entiende que la información recopilada ha permitido recrear el proceso de aprobación que se llevó a cabo con suficiente certeza, lo que le permitió llegar a unas conclusiones sólidas.

El Comité está y estuvo consciente en todo momento que el asunto ante su consideración ha generado un intenso debate en ciertos sectores de la comunidad académica de nuestro Recinto. Esto es así porque la propuesta de revisión del Programa de Bachillerato de la ECP que fue finalmente autorizada por la JS y el CES ha sido caracterizada como modelo ejemplar del esquema curricular contenido en el proyecto conocido como el Nuevo Bachillerato, cuya consideración ha dividido a nuestra comunidad académica. No obstante, desde la perspectiva del Comité, esta situación coyuntural, si bien servía de trasfondo histórico para el análisis, no podía ni debía ser el elemento que guiara el mismo.

De ahí la determinación del Comité de concentrar sus esfuerzos iniciales en establecer el marco normativo que guía los procesos de renovación curricular en nuestro sistema universitario, desde la Ley de la Universidad hasta la normativa dentro del Recinto de Río Piedras. Con ello, el Comité quiso desarrollar un marco conceptual adecuado que pueda ser utilizado no sólo para estudiar casos particulares, incluyendo el que dio origen a la encomienda, sino para clarificar o re-orientar los procesos de aprobación de programas académicos del Recinto de Río Piedras. El Comité considera que este marco conceptual, adaptado a las particularidades de cada unidad institucional, sería una aportación de este Senado al fortalecimiento de la autonomía académica reconocida por la Ley de la Universidad a las unidades del Sistema y, como resultado, a su funcionamiento más efectivo.

I: EL MARCO NORMATIVO

A. La Ley de la Universidad

La Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, mejor conocida como Ley de la Universidad de Puerto Rico (“LUPR”), establece la base legal de la normativa que regula el funcionamiento académico y administrativo de la Universidad de Puerto Rico (“UPR”). (Exhibit 11). ésta reconoce a la UPR como un sistema orgánico de educación superior compuesto por una serie de unidades institucionales “las cuales funcionarán con autonomía académica y administrativa dentro de las normas que dispone esta ley y las que se fijen en el Reglamento de la Universidad o resoluciones de la Junta de Síndicos”. (Art. 4). Este principio de autonomía de las unidades institucionales fue reafirmado en el 1998 por la Legislatura de Puerto Rico. En la Exposición de Motivos de la Ley 186 del 7 de agosto de ese año, que enmendó la LUPR para convertir los colegios regionales en unidades autónomas, expresó que la autonomía de las unidades institucionales “constituye un principio esencial de la Ley Universitaria y de los reglamentos que gobiernan su funcionamiento. Se trata de un principio de larga tradición en nuestra cultura que, además de alentar la búsqueda del conocimiento dentro de un ambiente en que impere la más amplia libertad para el análisis, permite que las unidades que constituyen la UPR desarrollen su propio perfil institucional y respondan, a través de sus ofrecimientos, a las necesidades particulares de las comunidades a las que dan servicios”. (Exhibit 12).

La LUPR descarga sobre la JS la responsabilidad de gobernar y administrar el Sistema. Este cuerpo, además de poseer otras facultades concedidas en ley, “formulará las directrices que regirán la orientación y el desarrollo de la Universidad, examinará y aprobará las normas generales de funcionamiento propuestas por los organismos legislativos y administrativos de ésta, de conformidad con la presente ley, y supervisará la marcha general de la institución” (Art. 3(d)(1)), y “autorizará la creación, modificación y reorganización de recintos, centros y otras unidades institucionales universitarias; de colegios, escuelas, facultades, departamentos y dependencias de la Universidad”. (Art. (e)(2)) .

Para asistir a la JS en el desempeño de sus funciones, la LUPR creó la Presidencia y la JU. La función principal del Presidente, quien es el director del Sistema Universitario y en tal capacidad actúa como representante de la JS, es coordinar y supervisar, con la colaboración de la JU, las labores universitarias. Le compete también, entre otras cosas, “armonizar las iniciativas de esos organismos y funcionarios, y tomar sus propias iniciativas para promover el desarrollo de la Universidad” (Art. 5(b)), y “formular con el asesoramiento de la Junta Universitaria, y someter a la consideración de la Junta de Síndicos, el plan de desarrollo integral de la Universidad y sus revisiones anuales, a base de los proyectos y recomendaciones originados en los recintos, colegios universitarios y demás unidades institucionales autónomas”. (Art.5( c)(4)).

Por su parte, la JU está compuesta por el Presidente, “quien la presidirá; los rectores de los recintos y colegios universitarios, por el Director de Finanzas y tres (3) funcionarios adicionales nominados por el Presidente con la aprobación de la Junta de Síndicos y por un representante elegido por cada Senado Académico de entre sus miembros que no sean ex oficio y un representante estudiantil de cada unidad elegido anualmente entre ellos”. (Art. 6(a)) Establece el Artículo 6(c) que la JU “tendrá como función esencial mantener integrado el Sistema Universitario, respecto a su planificación de conjunto y asesorará al Presidente en la coordinación de la marcha de las diferentes unidades institucionales en sus los aspectos académicos, administrativos, y financieros”. La LUPR dispone, sin embargo, que en el cumplimiento de esta labor, tanto la JU como el Presidente “tomarán todas las iniciativas de desarrollo y coordinación que las circunstancias aconsejen, sin menoscabo de las facultades conferidas a las unidades institucionales en reconocimiento de su autonomía”. (Art. 6(c)).

A nivel de las unidades institucionales, la LUPR reconoce al rector como el director del recinto universitario. En cumplimiento con esa función tiene, entre otras responsabilidades, el deber de orientar y supervisar el personal universitario y las funciones docentes, técnicas, de investigación y administrativas, representar a su unidad institucional, y la atribución de presidir el SA y la JA. (Art. 7). Esta última es un cuerpo asesor del rector y tiene como función principal elaborar los proyectos y planes de desarrollo de la unidad institucional y considerar el proyecto de presupuesto de la unidad institucional. (Art. 8).

Dentro del marco de la LUPR, el SA es “el foro oficial de la comunidad académica para la discusión de los problemas generales que interesen a la marcha de la Universidad y para los asuntos en que tiene jurisdicción”. (Art. 11 (c)). Específicamente, la LUPR reconoce al SA la facultad para “determinar la orientación general de los programas de enseñanza y de investigación en la unidad institucional, coordinando las iniciativas de las facultades y departamentos correspondientes”, “establecer los requisitos generales de admisión, promoción y graduación de los estudiantes” y “hacer recomendaciones a la Junta de Síndicos sobre la creación o reorganización de facultades, colegios o dependencias”. (Arts.11.(d)(1),(3) y (6)).

En resumen, la LUPR establece un sistema orgánico en el que se reconoce de jure la autonomía de las unidades institucionales de desarrollar sus propios proyectos curriculares dentro de las normas que se fijen en la LUPR, el Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico (el “RGUPR”) o las resoluciones de la JS. Si bien la LUPR concede al Presidente y a la JU atribuciones con respecto a la coordinación y el desarrollo del Sistema, establece taxativamente en su Artículo 6 que éstos “tomarán todas las iniciativas de desarrollo y coordinación que las circunstancias aconsejen, sin menoscabo de las facultades conferidas a las unidades institucionales en reconocimiento de su autonomía“. (énfasis añadido).

B. El Reglamento General de la Universidad de Puerto Rico

El RGUPR contiene el conjunto de procesos y normas que regulan la aplicación de la LUPR y el funcionamiento de la Institución. (Exhibit 13). El mismo será “aplicable a todo el sistema . . . y prevalecerá sobre todos los reglamentos, normas, procedimientos, certificaciones, resoluciones, usos y costumbres”. (Art.5). En el RGUPR se dispone la siguiente estructura de prelación normativa: (a) disposiciones de ley aplicables; (b) el RGUPR; (c) resoluciones de la JS; (d) el Plan de Desarrollo Integral del Sistema Universitario; (e) normas, directrices, resoluciones y otras disposiciones del Presidente de la UPR; (f) resoluciones de la JU; y (g) reglamentación de cada unidad institucional de acuerdo a la jerarquía que internamente se establezca. (Art. 7).

En armonía con la LUPR, el RGUPR reconoce el alcance de la autonomía académica y administrativa de las unidades institucionales y, a tales esos efectos, prescribe que “toda gestión administrativa y académica dentro del Sistema Universitario deberá ser congruente con el principio de la autonomía de los recintos y otras unidades institucionales” (Sec. 10.1), y que dicha autonomía “tiene que ejercitarse dentro del concepto de Sistema Universitario. Esta es, por tanto, autonomía interna de un recinto o unidad institucional con respecto a otra, pero no con respecto al Sistema”. (Sec.10.2). De ahí que “aquellas iniciativas que se desarrollen en los recintos o unidades institucionales, que conlleven compromisos que afecten el sistema deberán ser coordinadas. En estos casos, la implantación de las mismas deberá contar previamente con la autorización del Presidente, la Junta de Síndicos o de ambos, según sea el caso”. (Sec.10.2.1).

En el RGUPR se reafirma el poder de la JS para “dirigir, orientar, reglamentar y gobernar el Sistema Universitario”. (Sec.13.1). Con respecto a los asuntos que se originen en las unidades institucionales y que requieran ser considerados por la JS, el RGUPR ordena que se tramiten “con toda la documentación pertinente a través del rector de la unidad y del Presidente de la Universidad, con la recomendación o comentarios de estos funcionarios”. (Sec. 13.4.1).

El RGUPR también reitera los parámetros que limitan las prerrogativas del Presidente. Reafirma que la responsabilidad de este oficial incluye “coordinar y supervisar las unidades institucionales en sus aspectos académicos, estudiantiles, administrativos y financieros, armonizando los diferentes intereses y coordinando particularmente aquellas actividades que rebasen los límites de un recinto o unidad”. (Sec. 14.4). Aunque reconoce como facultad presidencial la emisión de “las directrices que sean necesarias y convenientes para cumplir con sus responsabilidades”, el RGUPR dispone que éstas “deberán estar en armonía con las leyes aplicables, con este Reglamento y con las resoluciones que haya adoptado la Junta de Síndicos”. (Sec.14.5). El RGUPR faculta al Presidente, además, para “requerir a los funcionarios y organismos de los recintos y otras unidades del Sistema, la información oficial que estime pertinente, utilizando los canales establecidos. . . [y para establecer] con cada rector los procedimientos necesarios para asegurar que los funcionarios y organismos de cada unidad suministren la información que se les requiera por la vía más rápida y directa”. (Sec. 14.8).

El RGUPR dispone que le corresponde a la JU “hacer recomendaciones a la Junta de Síndicos, a través del Presidente de la Universidad, sobre las propuestas que surjan de las juntas administrativas y de los senados académicos, que requieran acción de la Junta”. Específicamente ordena que

en los casos en que las recomendaciones de la Junta Universitaria incluyan cambios a las propuestas originales, ésta remitirá a la Junta de Síndicos sus recomendaciones, acompañadas de las propuestas originales, e indicará claramente los cambios recomendados. El Presidente remitirá las propuestas con sus recomendaciones y las de la Junta Universitaria. (Sec. 15.4.6).

A nivel de las unidades institucionales, el RGUPR reconoce a las juntas administrativas y a los senados académicos como los organismos deliberativos de las mismas (Art.17), y al rector como representante de su unidad institucional y presidente de sus cuerpos deliberativos. (Secs. 19.3.3. y 19.3.4). En el ejercicio de sus funciones, el rector tiene la responsabilidad de “elevar los acuerdos de la junta administrativa y del senado académico al Presidente, a la Junta Universitaria o a la Junta de Síndicos, [y] podrá acompañarlos con sus recomendaciones”. (Sec.19.9).

Con respecto a los senados académicos, el RGUPR establece que “de acuerdo con la Ley de la Universidad, corresponderá a cada senado académico, especialmente, pero no exclusivamente, las funciones que allí se señalan, las cuales se ejercerán en consonancia con la política de la unidad institucional correspondiente”. (Sec. 21.5.1). Asimismo, dispone que “mediante reglamentación interna, cada senado establecerá la organización y procedimientos necesarios para su funcionamiento, en armonía con la Ley de la Universidad y con este Reglamento“(énfasis añadido) (Sec. 21.5.2). Recae en el rector, como presidente del cuerpo, hacer cumplir los acuerdos que tome el senado académico o elevarlos “a los organismos y funcionarios superiores, según sea el caso”. (Sec. 21.11.4).

El RGUPR dispone que la función de las juntas administrativas es hacer “recomendaciones al rector correspondiente, y por su conducto, a los funcionarios u organismos universitarios, sobre aquellos asuntos de la competencia de estos que le sean referidos, o sobre la materia que la propia junta juzgue pertinente expresarse”. (Sec. 22.5). En lo referente a programas académicos, la jurisdicción de la junta administrativa se limita a “considerar su impacto fiscal antes de elevarlos a los organismos superiores”. (Sec.24.5.1).

Aunque el RGUPR no elabora sobre las funciones y facultades de los directores de escuela, éstos responden directamente a un Decano, por lo que se entiende que tienen funciones análogas a las del director de un departamento. Este último tiene a su cargo, entre otras cosas, “dirigir la instrumentación de los acuerdos que tomen los miembros del departamento en sus reuniones debidamente constituidas y elevar ante las autoridades correspondientes aquellos acuerdos que así lo requieran”. (Sec. 25.3.3). Se reconoce como atribución colectiva de los miembros de los departamentos, “aprobar los programas de estudios de las especialidades, opciones y concentraciones del departamento para consideración de la facultad correspondiente”. (Sec. 25.5). Los programas, sin embargo, tienen que recibir el endoso de la facultad, pues es a ésta a la que le compete “proponer a los senados académicos programas académicos”. (Sec.24.5.1). Estas disposiciones reglamentarias referentes a la aprobación de programas académicos son de igual aplicación a las escuelas adscritas al Decanato de Asuntos Académicos (“DAA”) de las unidades institucionales, como es el caso de la EC en el Recinto de Río Piedras.

En resumen, el RGUPR establece la jurisdicción de cada instancia en lo que atañe al proceso de aprobación de programas académicos. Las propuestas deben ser generadas y aprobadas por el departamento o escuela, para luego pasar a la consideración de la facultad, a la que le incumbe elevarlas al senado académico. En cumplimiento con los Artículos 11(d)(1) y (3) de la LUPR, los senados académicos se encargan de asegurarse que la propuesta se enmarque dentro de la orientación general de los programas de enseñanza e investigación en su unidad institucional; sea coordinada con otros programas; e incorpore los requisitos generales de admisión, promoción y graduación establecidos por el senado académico. Por su parte, le corresponde a la junta administrativa estudiar el impacto fiscal de la propuesta, ya que ésta podría tener efectos adversos sobre la calidad académica no sólo del programa en cuestión, sino de otros programas en esa u otras facultades. Por lo tanto, una vez sea aprobada por el senado académico y la junta administrativa, una propuesta de creación o revisión de programas académicos presentada por una facultad o escuela pasa a ser una propuesta de la unidad institucional y sólo puede ser elevada a las instancias superiores con el endoso del senado académico.

Es en reconocimiento de la autonomía académica y fiscal de las unidades institucionales que el RGUPR dispone en su Sección 15.4.6 que en los casos en que las recomendaciones de la Junta Universitaria incluyan cambios a las propuestas originales, ésta remitirá a la Junta de Síndicos sus recomendaciones, acompañadas de las propuestas originales e indicará claramente los cambios recomendados. El Presidente remitirá las propuestas con sus recomendaciones y las de la Junta Universitaria. Corresponde a la JS la potestad de autorizar los programas académicos, partiendo de un análisis de la propuesta aprobada por el senado académico y la junta administrativa de la unidad institucional y de las recomendaciones que tenga a bien hacer el Presidente y la JU.

C. Las Certificaciones del Consejo de Educación Superior

Hasta 1993, la LUPR depositaba en el CES la función de dirigir, orientar, reglamentar y gobernar el Sistema universitario público y de acreditar todas las instituciones de educación superior en la Isla. Ese año, la Legislatura de Puerto Rico despojo al CES de las funciones de gobierno de la UPR y las traspasó a una nueva junta de gobierno llamada Junta de Síndicos. Por su parte, el CES continuó ejerciendo las funciones de acreditación académica a nivel nacional.

Los acuerdos tomados por el CES y la JS son recogidos en certificaciones que son remitidas a las diferentes instancias para su conocimiento y difusión a la comunidad académica del sistema. Al presente, el proceso de aprobación de las revisiones de programas académicos aparece regulado por la Certificación 93-113 de 1993 del CES, la que recoge, organiza y modifica importantes directrices contenidas en certificaciones anteriores, particularmente la Certificación Núm. 86, 1973-74, la Certificación Núm. 57, 1978-79, la Certificación Núm. 149, 1988-89, y la Certificación Núm. 106, 1973-74.

1. La Certificación Núm. 86, 1973-74.

Entre 1966 y 1974, los programas académicos en las unidades institucionales se creaban, modificaban e implantaban simplemente mediante la aprobación del programa por sus senados académicos. Era después de que se comenzaba la implantación del programa que se sometía el mismo a la JU y al CES para su aprobación. No fue hasta mayo de 1974, mediante la Certificación Núm. 86, 1973-74, que el CES dictaminó que “el hecho de que los Senados Académicos aprueben unos programas no implica que los mismos se puedan iniciar de inmediato” y que era “menester que antes de comenzar los nuevos ofrecimientos se tenga la aprobación de las Juntas Administrativas respectivas y la Junta Universitaria. (Exhibit 14). De igual forma, el CES expresó en dicha certificación que no “podrán ofrecerse los grados académicos correspondientes hasta que el programa en cuestión no sea finalmente aprobado por el Consejo de Educación Superior”. Requirió también que “al recomendarse por los Senados Académicos el establecimiento de nuevos programas se considere, conjuntamente con los aspectos programáticos, el impacto presupuestario de los mismos”.

2. La Certificación Núm. 106. 1973-74.

Otra certificación del CES que incide en los procesos de aprobación de propuestas de revisión curricular es la Certificación Núm. 106, año 1973-74. (Exhibit 15). ésta requiere a las unidades institucionales que incluyan un mínimo de 12 créditos de electivas libres en los programas de bachillerato, pero deja “en los Senados Académicos y Junta Universitaria, en deferencia a esos organismos, bregar con la instrumentación de esta directriz”. El SA-RRP entendió que esta certificación constituía una intervención indebida del CES en los asuntos académicos de las unidades institucionales y, luego de un extenso estudio, solicitó infructuosamente al CES que la dejara sin efecto. Sin embargo, ateniéndose a la disposición que dejaba en manos de los senados académicos y la JU la instrumentación de la directriz, el Senado Académico de Río Piedras siguió la práctica de evaluar las circunstancias particulares de cada caso. De entender que el caso ameritaba menos de 12 créditos en electivas libres, el SA elevaba la propuesta a la JU con su debida justificación. La práctica de la JU, en deferencia de la autonomía académica de las unidades institucionales, era aceptar las recomendaciones del SA.

3. La Certificación Núm. 57, 1978-79.

Mediante la Certificación 57, 1978-79, el CES instituyó un procedimiento más completo para tramitar propuestas de creación de programas académicos y de revisión de los ya existentes. (Exhibit 16). Con respecto a los últimos, la Certificación 57 requirió que, al inicio del proceso de revisión, se determinara si la propuesta envolvía “cambios substanciales o . . . ligeras variaciones”. Esta determinación le correspondía a la Oficina de Asuntos Académicos (hoy (“VAA”). De esa oficina entender que no se trataba de cambios sustanciales, entonces los mismo adquirían vigencia al ser aprobados por el senado académico de la unidad, sin que se tuviera que elevar la propuesta a las instancias superiores. Ahora bien, para casos en que se determinaba que la propuesta conllevaba cambios substanciales, la Certificación Núm. 57 disponía que “todo programa académico y toda revisión de un programa existente deberá ser sometido a la consideración de la Junta Colegial [ya desaparecida con la disolución de la Administración de Colegios Regionales] o del Senado Académico de la unidad institucional correspondiente. . . . [U]na vez [la junta colegial o el senado haya] considerado favorablemente el programa de revisión antes mencionado, el mismo deberá ser llevado a la atención de la Junta Administrativa o cuerpo equivalente, el cual se pronunciará en cuanto a la forma en que, de llevarse a cabo su implantación, afectaría ñdirecta o indirectamenteñ el presupuesto de la facultad correspondiente”. Una vez cumplido lo anterior, el asunto “será elevado al rector del Recinto. . . para que éste lo eleve al Presidente de la Universidad en su carácter de Presidente de la Junta Universitaria, con una carta endosando el programa o la revisión de que se trate”.

Le correspondía entonces al Presidente enviarlo a la secretaría de la JU, “la que procederá a acusar recibo de los documentos recibidos, remitiendo a su vez copia de los mismos a las oficinas de Asuntos Académicos, de Presupuesto y de Planificación y Desarrollo de la Administración Central . . . solicitando el estudio y su recomendación [sobre la propuesta] en cuanto a los aspectos de calidad académica, impacto presupuestario, así como en relación con la oportunidad de empleo que tendrán los estudiantes una vez terminados sus estudios”. Por otra parte, el director de la Oficina de Asuntos Académicos debería someter “un informe escrito del resultado de dichas evaluaciones con sus recomendaciones a la Junta Universitaria”.

La Certificación Núm. 57 establecía que “una vez completados estos trámites, la Junta Universitaria entenderá en el asunto, según lo dispone el inciso (c) del Articulo 6 de la Ley de la Universidad de Puerto Rico”. Es importante señalar que este Artículo establece que tanto el Presidente como la JU tienen que actuar “sin menoscabo de las facultades conferidas a las unidades institucionales en reconocimiento de su autonomía” (énfasis suplido). De esta forma, la Certificación Núm. 57 daba marcha atrás a la posición anunciada en la Certificación Núm. 86 (1973-74) que convertía a la JU en una instancia decisional en el proceso de aprobación de programas académicos. El espíritu de la Certificación Num. 57 es claro al disponer: “Ulteriormente, la Secretaría de la Junta Universitaria certificará el acuerdo que haya recaído (énfasis suplido) y lo someterá a la junta de gobierno de la Universidad”.

En otras palabras, la Certificación Num. 57 se atenía al RGUPR y reconocía que la aprobación por la JU no era un requisito para que se elevara una propuesta curricular al CES. En caso de ser aprobado por esta última instancia, el programa o la revisión podía ser implantado por la unidad institucional que lo había presentado. (A partir de la separación de las funciones gubernativas y acreditativas de la UPR en 1993, se va a requerir no sólo la aprobación de la JS en su carácter de nueva junta de gobierno de la UPR, sino también del CES, que es el cuerpo que retuvo las funciones de acreditación y licenciamiento de las instituciones de educación superior en Puerto Rico.) La Certificación Núm. 57 reitera las disposiciones reglamentarias que confieren a los senados académicos la potestad última y definitiva dentro de las unidades institucionales para aprobar programas académicos. Su endoso es esencial para que cualquier propuesta de revisión curricular sea elevada a otras instancias.

Otros aspectos de la Certificación Núm. 57 son importantes para propósitos de nuestro análisis. En primer lugar, la Certificación estableció taxativamente que la función de las oficinas centrales es de analizar las propuestas de acuerdo a su área de peritaje ñasuntos académicos, presupuesto y planificaciónñ y no reconoció al director de la Oficina de Asuntos Académicos ninguna atribución que no fuera la de preparar un informe global a la JU con las recomendaciones de las tres oficinas. En otras palabras, dentro del espíritu de la LUPR y el RGUPR, la Certificación Num. 57 reconocía estas oficinas única y exclusivamente como cuerpos asesores de la JU en lo que se refería a los procesos de aprobación de programas académicos. En ese sentido, la función de la JU se circunscribía a evaluar la propuesta a la luz de las recomendaciones de sus cuerpos asesores, y entonces: (a) determinar si recomendaba la propuesta y (b) elevar la propuesta con su recomendación a la JS. En segundo lugar, la Certificación Núm. 57 no menciona el Artículo 15.4.6 del RGUPR que requiere que “en los casos en que las recomendaciones de la Junta Universitaria incluyan cambios a las propuestas originales, ésta remitirá a la Junta de Síndicos sus recomendaciones, acompañadas de las propuestas originales, e indicara claramente los cambios recomendados”. Como veremos más adelante la omisión de incorporar esta disposición reglamentaria al texto de la Certificación Núm. 57 va a tener serios efectos sobre la forma en que se van a atender las propuestas de revisión curricular.

4. La Certificación Núm. 93-113.

El pronunciamiento más reciente sobre los procesos de aprobación de las revisiones de programas académicos es la Certificación 93-113 del CES del 12 de abril de 1993, la cual reemplazó la Certificación Núm. 149, 1987-88 del 13 de mayo de 1988. (Exhibit 17) Sin entrar en los detalles de la Certificación Num. 149, 1987-88, es apropiado resaltar que la misma generó gran oposición en el SA-RRP, el que la consideró como una amenaza a la autonomía académica de las unidades institucionales consignada en la LUPR y el RGUPR. (Exhibit 18). La Certificación Núm. 149 requería la preparación de un prospecto de propuesta antes de que se iniciara el proceso de creación o revisión de programas. Este prospecto debía pasar primero a la Oficina de Asuntos Académicos de la Administración Central para su evaluación y sólo después, partiendo de las recomendaciones de esa Oficina, podía la unidad base iniciar el proceso conducente a la consideración y aprobación de la propuesta por las diversas instancias de la unidad institucional. Asimismo, la Certificación Núm. 149 presentaba por primera vez una guía para la preparación de propuestas. En respuesta en parte a los cuestionamientos del SA-RRP y a la solicitud del Cuerpo de que se detuviera la vigencia de la misma hasta que se obtuviera la posición de todos los senados académicos, el CES procedió a revisarla en 1993. La Certificación 93-113, que la sustituyó, eliminó la parte relacionada con el prospecto de propuesta, pero se mantuvo esencialmente intacto el resto del texto.

La Certificación 93-113 (Exhibit 19) pretende (1) “uniformar los procedimientos referentes a la consideración, presentación y trámite de propuestas de programas académicos nuevos, así como a la revisión de programas académicos vigentes”; (2) “aligerar los procesos relacionados con la presentación, consideración y trámite de las propuestas”; (3) “establecer prioridades para el uso más efectivo de los recursos humanos, fiscales y físicos de que dispone la Universidad”; (4) “facilitar la gestión de los asuntos académicos según los propósitos y objetivos de la Universidad y el Plan de Desarrollo Integral”; (5) orientar a los funcionarios y organismos en las distintas unidades del Sistema Universitario en la preparación, redacción y trámite de las propuestas de programas académicos y en la revisión de los programas académicos existentes”; y (6) propiciar una mejor comunicación y colaboración entre el personal universitaria a cargo de la preparación, presentación y trámite de propuestas para el establecimiento de nuevos programas académicos y la revisión de los programas vigentes.”

En la Parte “V” de la Certificación 93-113 se establecen las “Normas y guías para la redacción y trámite de propuestas para la revisión de programas académicos vigentes en la Universidad de Puerto Rico”. La sección normativa consigna (a) que todo programa debe ser evaluado cada cinco años y revisarlos de ser necesario; (b) que antes de preparar la propuesta de revisión de un programa debe consultarse con la Oficina de Asuntos Académicos de la Administración Central”, así como (c) lo que se entiende como cambio sustancial. Para esto último, utiliza la Certificación Núm. 126, 1980-81, del CES del 20 de febrero de 1981, la que la define como aquellos cambios que conllevan: (a) “alteraciones significativas en los objetivos”; (b) creación de nuevas concentraciones, (c) “revisión de los requisitos de admisión y graduación”, y (d) “modificación del currículo de sus primeros dos años de estudio, si esta modificación afecta el proceso de traslado de la Universidad de Puerto Rico”. Cuando la revisión contempla un cambio sustancial, debe seguirse el mismo trámite establecido para las propuestas de programas nuevos: (1) el departamento redacta la propuesta según la guía incluida en la certificación; (2) el departamento y la facultad donde está ubicado el programa endosan la propuesta; (3) el senado académico y la junta administrativa evalúan y aprueban la propuesta; (4) el rector radica la propuesta en la Secretaría de la Junta Universitaria; (5) las Oficinas de Asuntos Académicos, Planificación y Desarrollo y Presupuesto de la Administración Central la evalúan; (6) el Director de la Oficina de Asuntos Académicos de la Administración Central somete “un informe escrito del resultado de dichas evaluaciones con sus recomendaciones a la Junta Universitaria”; (7) la JU la recomienda al CES; (8) el CES la aprueba; y (9) luego de tener la aprobación del CES se puede iniciar el programa revisado.

Para algunos, la diferencia entre la Certificación 93-113 y la Certificación Núm. 57 es que la primera presenta un flujograma y una guía para la preparación de las propuestas, que están ausentes de la segunda. Sin embargo, la diferencia entre ambas es mucho mayor. Si bien es cierto que la Certificación 93-113 recoge prácticamente todas las disposiciones de la Certificación Núm. 57 referentes el trámite de las propuestas, la Certificación 93-113 incorpora un cambio aparentemente inocuo pero de gran trascendencia. En la sección de la Certificación 93-113 que trata sobre el alcance de la funciones de la JU en torno a las propuestas, se revierte a la posición que se había adoptado en la Certificación Núm. 86, 73-74 (y que fuera luego abandonada en la Certificación Núm. 57) al indicar la nueva Certificación que la propuesta deberá “ser recomendada por la Junta Universitaria al Consejo de Educación Superior” (énfasis suplido). En la medida que la 93-113 continua vigente, esta posición ha prevalecido. De ahí que la presente JS tenga como política oficial no considerar ninguna propuesta que no haya sido aprobada previamente por la JU. (Exhibit 20).

Es igualmente importante señalar que aunque la Certificación 93-113 requiere que se sometan a la JU el original y 45 copias de toda propuesta curricular, no ofrece una explicación para esta exigencia. Para entender la relevancia de este requerimiento, es preciso ubicarlo dentro del marco normativo de la LUPR y el RGUPR. El mismo va dirigido a garantizar que todos los miembros de la JU tengan una copia de la propuesta original para que así puedan tener pleno conocimiento de lo que fue aprobado por el senado académico de la unidad que presenta la propuesta, de forma que al momento de decidir cuál va a ser su recomendación –positiva o negativañ a la JS, los miembros de la JU puedan actuar dentro del marco normativo de la LUPR y el RGUPR, que reconoce la autonomía de las unidades institucionales. Descontextualizada del marco legal y reglamentario al requerir, por otro lado, que la JU tendrá que aprobar la propuesta, la Certificación 93-113 desvirtúa la política de autonomía académica de la LUPR y el RGUPR ..

En 1994, la Vicepresidenta para Asuntos Académicos de la Administración Central informó al Comité de Asuntos Académicos del Senado Académico de Río Piedras (“CAASA-RRP”) que la VAA había iniciado una nueva fase de trabajo, que comenzaba con un proceso de reflexión sobre los programas académicos. A tales efectos, la Vicepresidenta planteó la necesidad de flexibilizar y modernizar el currículo en el todo el sistema universitario y solicitó de los miembros del CAASA-RRP que “lleven el mensaje al Senado y a sus facultades para que se inicie el proceso de reflexión”. En su apreciación de la situación del Recinto, la Vicepresidenta insistió en la necesidad de flexibilizar el componente de educación general, pero reconoció que ” esa es una reflexión que tiene que hacer el Recinto como tal”. Además, le indicó al CAASA-RRP que el Recinto de Río Piedras era el único que no se atenía a la Certificación Núm. 106 (año 1973-74) y que la “Oficina de Asuntos Académicos ha determinado que todos los programas que requieren su aprobación deberán cumplir con esta Certificación”. Dispuso también que, con respecto a ” las propuestas que en este momento se están evaluando, la Oficina de Asuntos Académicos le puede permitir menos créditos en electivas libres si así lo recomienda el Senado, pero aquellas propuestas nuevas deberán cumplir con la Certificación Núm. 106″. (Exhibit 21) .

Como parte de su nueva fase, y por encomienda de la Presidencia, la VAA promovió la actualización del plan de desarrollo integral del Sistema. En septiembre de 1996, el CES aprobó el nuevo Plan Estratégico Sistémico (“PES”) para la Universidad de Puerto Rico. (Exhibit 22). El mismo “reconoce que la Universidad se ha diversificado y que requiere examinar continuamente sus prioridades conforma su propósito y su misión” y compromete [a la UPR] con lograr la más alta calidad en todos sus quehaceres , haciéndose más ágil y flexible”. En el “Asunto Crítico 6” del “área Clave: Currículo, Aprendizaje y Enseñanza”, el PES tiene como objetivo “procurar la actualización continua de la oferta académica”. Para esto, se proponía establecer “un sistema continuo de investigación institucional y de revisión de programas académicos que incorpore en su análisis los cambios en el conocimiento, en el entorno social y en perfil estudiantil”, y “agilizar los procesos de creación y aprobación de nuevos programas y la revisión de los existentes”.

Con la Certificación 93-113, y en función del PES de 1996, la VAA asumió un rol más activo en el proceso de aprobación de los programas académicos de las unidades institucionales. Como veremos más adelante, al paso del tiempo el VAA se ha adjudicado atribuciones que no están contempladas en la normativa existente.

D. El trámite interno en la Junta Universitaria

Como se indicó en la sección anterior, la Certificación 93-113 establece que una vez la propuesta es aprobada por el senado académico y la junta administrativa, le corresponde al rector de la unidad institucional elevar la propuesta original con 45 copias a la JU. Para atender las propuestas, la JU se rige por su propio reglamento interno y un protocolo aprobado para esos fines. El reglamento interno (“RJU”) reitera las atribuciones que le asigna a la JU el Artículo 6 (c) de la LUPR, a saber, (a) “mantener integrado el Sistema Universitario con respecto a su planificación de conjunto”; (b) “asesorar al Presidente en la coordinación de la marcha de las diferentes unidades institucionales en sus aspectos académicos, administrativos y financieros”; y (c) “tomar las iniciativas que se refieran al desarrollo y coordinación del sistema universitario que las circunstancias aconsejen sin menoscabo de las facultades conferidas a las unidades institucionales en reconocimiento de su autonomía” (énfasis suplido). (Exhibit 23).

En el Artículo 23.2 del RJU se definen las funciones del Comité de Asuntos Académicos de la JU (“CAA-JU”). éste estudia y somete recomendaciones “sobre propuestas para la creación y revisión de los programas académicos universitarios” y “sobre el establecimiento, revisión o eliminación de normas y reglamentación de naturaleza académica que sean de aplicación sistémica”. El Presidente tiene la potestad para nombrar un miembro ex-oficio de su equipo a todos los comités permanentes de la JU. La práctica es nombrar a la persona que ocupa la VAA. El Artículo 29 del RJU establece que “la Secretaría referirá directamente al comité correspondiente aquellos asuntos que sean de su evidente incumbencia. En la próxima reunión ordinaria la Secretaría informará a la asamblea sobre aquellos asuntos nuevos que han sido referidos directamente al comité”. Por otra parte, el RJU consigna que los comités deben hacer “informes de progreso en cada reunión ordinaria e informes escritos de descarga de encomienda, los que se distribuirán a través de la Secretaría al menos diez (10) días laborables antes de la reunión”, aunque en circunstancias excepcionales, se permite que rindan dicho informe dentro de un plazo de treinta (30) días laborales, contados a partir de la fecha en que fueron convocados por primera vez para estudiar el asunto”. (Art. 30).

Por otra parte, el protocolo interno de la JU desarrollado para atender propuestas de creación o revisión de programas académicos incluye la verificación por parte de la Secretaría de que la propuesta contiene las certificaciones del senado académico y de la junta administrativa y el envío de tres copias de la misma a la OAA-VAA para su evaluación y la de las Oficinas de Planificación y Presupuesto. (Exhibit 24). Asimismo, el Protocolo requiere al Director de la VAA que someta a la JU un informe que incorpore todas las recomendaciones. Una vez se recibe el informe de la dirección de la VAA con las recomendaciones de las tres oficinas, se somete a la consideración del CAA-JU. De acuerdo al protocolo, el CAA-JU puede hacer suyo el informe de la Vicepresidencia, añadir otras recomendaciones o presentar un informe separado con sus recomendaciones. Luego de recibirse las recomendaciones del CAA-JU, la Secretaría solicita a la unidad base que envíe las copias necesarias del documento para distribuirlas entre los miembros de la JU. Recibidas las mismas, la Secretaría procede a incluir el asunto en la próxima reunión de la JU, le informa al rector que la propuesta va a ser considerada y le recomienda que envíe a la reunión al personal de su unidad que estime necesario para presentar el proyecto y contestar dudas durante la discusión del asunto. Una vez la JU toma su decisión, se le notifica a la unidad del proponente y se remite copia de la certificación a la VAA para que someta la propuesta a la consideración de la JS. Durante el proceso de aprobación de la propuesta de revisión curricular de la EC, el protocolo de la JU era fundamentalmente el mismo que existe al presente.

Al analizar el protocolo establecido por la JU para atender las propuestas de creación o revisión de programas académicos, el Comité pudo advertir que el mismo, si bien podría ir dirigido a agilizar los procesos de aprobación de las propuestas, contiene prácticas que no son cónsonas con el espíritu y la letra de la normativa existente, y en específico, con aquellas disposiciones que van dirigidas a proteger la autonomía académica de las unidades institucionales.

Como ya hemos notado, la Certificación 93-113 establece que una vez la propuesta es aprobada por el senado académico y la junta administrativa, la unidad institucional debe enviar 45 copias de la misma a la JU. Aquí debemos notar que la práctica de enviar copias pata todos los miembros de la JU se ha descontinuado y que al presente se le ha indicado a las unidades institucionales que envíen únicamente cuatro copias [una copia para la Secretaría y las tres copias que son enviadas a las Oficinas de la Administración Central]. Al momento de considerarse la propuesta de la ECP se había aumentado el número de copias requeridas a 53. Sin embargo, el efecto práctico era exactamente igual que al presente. Las única copias que se distribuían eran las tres que se remitían a la VAA. Las restantes quedaban almacenadas y luego decomisadas, sin llegar nunca a manos de los miembros de la JU. Era después que la VAA remitía sus recomendaciones que se procedía, como ahora, a solicitar que el proponente ñentiendase la unidad baseñ envíe el documento, con las revisiones, si alguna. En esta segunda ocasión no se requiere que el documento – aun si ha sido revisado – venga endosado por el senado académico. En otras palabras, al momento de la consideración de la propuesta de la ECP, no existía, como tampoco existe hoy en día, garantía alguna de que el pleno de la JU pueda ver las propuestas según aprobadas por el senado académico y la junta administrativa de las unidades institucionales autónomas, tal y como lo establece la Certificación 93-113 en armonía con el espíritu de la LUPR y del RGUPR.

Esta situación anómala es el resultado de la decisión de permitir que sea la unidad base la que someta la propuesta revisada. La JU ha dejado a la discreción de ésta enviar: (a) el documento original con anejos en los que se informan los cambios que se van a incorporar, (b) el documento revisado con anejos donde se informan los cambios que se han incorporado o © la versión revisada sin ninguna indicación de que la misma ha sufrido cambios. En la medida en que la Secretaría de la JU no se asegure de que los miembros de la JU tengan acceso a la propuesta según aprobada por los senados académicos, como requiere el RGUPR y la Certificación 93-113, se propicia la creación de situaciones que son potencialmente lesivas a los intereses de las unidades institucionales autónomas.

Relacionado con lo anterior, es importante notar que la JU tampoco está cumpliendo rigurosamente con las sección 15.4.6 del RGUPR que ordena que “en los casos en que las recomendaciones de la Junta Universitaria incluyan cambios a las propuestas originales, ésta remitirá a la Junta de Síndicos sus recomendaciones, acompañadas de las propuestas originales, e indicará claramente los cambios recomendados”. Bajo la práctica prevaleciente, según se indicó anteriormente, la parte que determina cuál es la propuesta que se va a elevar a la JS es la unidad base. Es preocupante también que la JU haya delegado en la VAA su responsabilidad ministerial de remitir la documentación requerida a la JS.

E. El trámite interno en la Vicepresidencia de Asuntos Académicos

Al igual que la JU, la VAA tiene su propio reglamento interno y un protocolo para atender las propuestas que le son sometidas por la primera. Al momento en que se atendió la propuesta de revisión curricular del Bachillerato de la ECP, estaba en vigor la Certificación Núm. 79, 1988-89, del CES, que establece el “Reglamento del Esquema Organizacional y Funciones de las Oficinas de la Administración Central de la Universidad de Puerto Rico”. (Exhibit 25). Entre las funciones de la VAA se encuentran: “asesorar y asistir al Presidente en toda gestión relacionada con asuntos académicos”, “asesorar y asistir al Presidente en la determinación de la política institucional, especialmente los objetivos relacionados a Asuntos Académicos”, y “estudiar los programas académicos existentes en los diversos Recintos y formular recomendaciones al Presidente y a la Junta Universitaria sobre el desarrollo de los programas existentes, así como en la organización de nuevos programas”. La Certificación Núm. 79 circunscribe la intervención de la VAA en los procesos de creación o revisión de programas académico a “procurar que las unidades pertinentes elaboren e implanten planes de acción para dar cumplimiento a los requerimientos de las agencias acreditadoras y ofrecer asesoramiento a aquellas unidades que así lo soliciten”.

Como se mencionó anteriormente, el CES consignó mediante la Certificación 93-113, las normas y procedimientos para la preparación, estudio y tramite de propuestas de programas académicos. En éstas, el papel de la Oficina de Asuntos Académicos es bastante limitada. En la fase inicial le corresponde determinar ” si los cambios contemplados son sustanciales y exigen llevarse a la consideración de la Junta y el Consejo de Educación Superior o si se debe proceder de otra manera”. Una vez la propuesta pasa a la JU, la VAA tiene una función de asesoramiento a ese cuerpo. A esos efectos, se le requiere que evalúe la dimensión académica de la propuesta. Una vez cumplida su labor, le corresponde al director de la VAA preparar un informe escrito del resultado de las evaluaciones llevadas a cabo por las tres oficinas de la Administración Central “con sus recomendaciones a la Junta Universitaria”.

El protocolo utilizado por la VAA está contenido en el documento “Proceso de consideración de las propuestas académicas”. (Exhibit 26). Una vez se recibe la solicitud de la JU, la VAA verifica que la propuesta cumpla con los contenidos estipulados en la certificación 93-113 y los estándares de las agencias acreditadoras. Asimismo, bajo dicho protocolo la VAA “utiliza los hallazgos sobre el desarrollo de programas similares en el sistema UPR y las tendencias de programas relacionados al propuesto en instituciones competitivas de educación para conformar la línea base de su análisis, recibe el análisis de las oficinas de Presupuesto y Planificación y los incorpora al análisis académico, establece comunicación directa con las unidades y les solicita información adicional para completar su análisis, de ser necesario. Además, se encarga de discutir sugerencias y recomendaciones con los proponentes, lograr acuerdos al respecto y darles apoyo para mejorar la propuesta, de ser necesario“(énfasis suplido). Al finalizarse este proceso, se remite la propuesta al Comité Permanente de Asuntos Académicos de la JU “con el endoso, sugerencias y recomendaciones de todas las Oficinas. Cada miembro del Comité recibe una copia de la propuesta y la documentación generada para su análisis, las estudia, dialoga con los proponentes, de entenderlo pertinente, y emite sus recomendaciones”.

A juicio del Comité, ni en las certificaciones del CES que atienden el proceso de aprobación de propuestas de programas académicos, ni en el Reglamento de la VAA, ni en el Reglamento o las certificaciones de la JU, existen disposiciones que faculten a la VAA a comunicarse directamente con la unidad base para requerirle cambios o llegar a acuerdos sobre cambios sustanciales en una propuesta curricular. Si bien no ha sido posible encontrar alguna disposición normativa que específicamente prohíba a la VAA entrar en conversaciones con la unidad base para discutir sugerencias y recomendaciones y lograr acuerdos con los proponentes, al Comité le parece evidente que estas actuaciones no se pueden llevar a cabo sin que se menoscabe la autonomía académica de la unidad institucional. La VAA no puede forzar a una unidad institucional a incorporar cambios a una propuesta, ni tampoco puede detener la propuesta. Su responsabilidad ministerial no es aprobar o negociar las mismas, sino de evaluarlas en función a ciertos parámetros establecidos y hacer recomendaciones sobre éstas a la JU.

La magnitud del problema se acentúa por la determinación que ha hecho la VAA de no reconocer la primacía normativa de los senados académicos sobre los aspectos programáticos dentro de la unidad institucional. Para propósitos del trámite, la VAA ha definido al proponente como la unidad base dentro de la unidad institucional autónoma. De ahí que su práctica histórica ha sido entrar en conversaciones directas con los primeros, manteniendo a los senados académicos al margen del proceso. Independientemente de las razones que fundamentan esta práctica, la realidad es que la misma facilita no el trámite en sí, sino que la propuesta se adecue a las políticas extraoficiales de la VAA, las cuales podrían ser o no ser cónsonas con la política académica de las unidades institucionales autónomas. Estando la unidad básica interesada en que se apruebe la revisión, la tendencia será a aceptar las recomendaciones de la VAA para asegurarse que la propuesta sea devuelta prontamente a la JU para su consideración.

F. La normativa interna del Recinto de Río Piedras

Según discutido previamente, la LUPR reconoce la autonomía de la unidad institucional para desarrollar su propio esquema curricular. Recientemente la presente JS reafirmó este principio cuando dictaminó en la Certificación Núm. 60, 2002-2003 del 16 de noviembre de 2002, que “la adopción de principios, guías, esquemas curriculares, modelos o métodos para desarrollar, crear o revisar programas académicos, ofrecimientos curriculares o sus componentes no requiere más trámite que el que corresponde a las instancias académicas y administrativas de la unidad institucional”. (Exhibit 27). En el caso de Río Piedras, el esquema vigente, y que estaba en vigor a través de todo el proceso de aprobación de la Propuesta de Revisión del Programa de Bachillerato de la ECP, requiere que como parte de los requisitos generales de graduación los estudiantes tomen un mínimo de créditos en su área de concentración, en educación general, y en electivas libres. En el caso de los créditos en educación general, el esquema requiere que todos los estudiantes tomen una serie de cursos y descarga sobre una facultad en particular la responsabilidad exclusiva de enseñar dichos cursos. (Exhibit 28).

A través de los años, el SA-RRP ha defendido la autonomía académica de las unidades institucionales y la potestad última de los senados académicos para determinar el esquema curricular y aprobar la programación académica de éstas. En 1978, y en respuesta a la Certificación Núm. 57, el SA-RRP se reafirmó en esa posición en su Certificación Núm. 17, 1978-79. (Exhibit 29). En ésta, el Cuerpo insistió en que los senados tenían el papel determinante en la consideración de cinco áreas: creación de programas nuevos, evaluación de los programas existentes, revisión de programas existentes, evaluación y acreditación de escuelas profesionales, y creación y evaluación de programas subvencionados con Fondos Federales. El 19 de abril de 1988, el Comité de Asuntos Académico del SA (CAASA-RRP) aprobó unas “Guías para la evaluación de los programas o unidades que sometan informes al Senado Académico” y las sometió al SA para su consideración. En la reunión del 15 de septiembre de 1988, el SA pospuso la consideración de las mismas, debido a posibles conflictos con la Certificación Núm. 149, 1987-88, que había sido aprobada por el CES unos meses antes. Se planteó que varias de las disposiciones de la Certificación Núm. 149 “incidían en la autonomía del los Recintos y en las funciones que la Ley de la Universidad dispone que especialmente le corresponden a los Senados Académicos”. El SA solicitó al Comité de Asuntos Académicos que analizara la situación. El Informe del Comité fue discutido en la reunión del SA-RRP del 2 de febrero de 1989. En dicha reunión el Cuerpo adoptó y reiteró, mediante la Certificación Núm. 46 (Exhibit 30), los siguientes principios que han regido desde entonces la política del Recinto con relación a la aprobación de programas académicos:

  1. 1. La orientación de la Ley de la Universidad es que las distintas estructuras compartan las responsabilidades administrativas y académicas y asigna el mayor peso en cuanto a las responsabilidades académicas al claustro ñfacultades y Senado Académico – concediendo la autoridad de adjudicar tales materias cuando tienen impacto intra-recinto al Senado Académico que es el foro representativo de los claustrales.

    . . . .A la luz de esta interpretación de la estructura interna del Sistema Universitario podemos concluir que corresponde a este Senado Académico en términos definitivos, la determinación de la orientación general de los programas de enseñanza e investigación en las unidades institucionales, coordinando las iniciativas de las facultades y departamentos correspondientes cuando no conlleven la creación, modificación o reorganización administrativa de estructuras en el Recinto. Asimismo, podrá hacer recomendaciones al Consejo de Educación Superior, cuando se trate de la creación, modificación o reorganización de facultades, colegios, escuelas o dependencias.

    La intervención de la Junta Administrativa por Ley es a los fines de comprobar si las propuestas que requieren la aprobación del Consejo de Educación Superior se ajustan a:

    a. los objetivos generales de la Universidad de Puerto Rico consignados en la Ley de la Universidad;

    b. Los principios y proyecciones del Plan de Desarrollo Integral del Sistema Universitario;

    c. La misión y objetivos que se le asignó a la unidad concernida.

  2. La reglamentación vigente concede a la Junta Universitaria la responsabilidad de intervenir para recomendar alteraciones a la orientación académica o al contenido académico de los programas radicados por el Senado Académico y que han de elevarse al Consejo de Educación Superior para aprobación final, sólo cuando pueda invocar para su intervención desvíos de las disposiciones de los planes de desarrollo o de la misión de la Universidad (énfasis en el original).
  3. Las Facultades tienen la responsabilidad de desarrollar iniciativas académicas motu proprio o a requerimiento de autoridades superiores ñSenado Académico, Rector, Presidente, Junta Universitaria o Consejo de Educación Superior.
  4. Se reconoce el ámbito jurisdiccional apropiado que estipula la Ley Universitaria a los Rectores para entender en lo concerniente a los programas académicos en los Recintos.
  5. La Junta Administrativa, entre sus funciones como cuerpo consultivo del Rector, intervendrá en lo relativo a los aspectos fiscales de los programas nuevos. En las revisiones de programas vigentes la Junta Administrativa solo intervendrá cuando estas tengan implicaciones fiscales.
  6. Se reconoce el principio consignado en la Ley Universitaria y reafirmado en la Certificación 62, Año 1983-84 del Consejo de Educación Superior, de que corresponde al Presidente, en colaboración con la Junta Universitaria, articular y coordinar las actividades académicas de las unidades que integran el Sistema Universitario, sin menoscabo de la autonomía académico-administrativas de las mismas. El Senado Académico de Río Piedras, por tanto reconoce la necesidad de que le Presidente y la Junta Universitaria establezcan normas para la preparación y tramite de programas académicos nuevos o de revisión de los programas vigentes en consulta con las diversas unidades académicas del Sistema Universitario. El objetivo de este proceso es mantener la cohesión del Sistema Universitario a la luz de la misión de la Universidad y de las prioridades del Plan de Desarrollo Integral, así como de mantener procesos adecuados de información a través del Sistema, en aquellos casos en que la creación de nuevos programas o la revisión de los vigentes afecten las normas de equivalencias, los traslados y otros procesos de pertinencia para el Sistema Universitario como un todo integral.

Además de reiterar estos principios, el SA-RRP solicitó al CES que retirara la Certificación Núm. 149 y procediera a solicitar el insumo de todos los senados académicos, al mismo tiempo que propuso varios cambios a la misma. Asimismo, el SA-RRP continuó con las prácticas vigentes en el Recinto para la aprobación, evaluación y revisión de programas académicos.

Uno de los principios establecidos en las prácticas vigentes en el Recinto de Río Piedras es que la facultad proponente debe coordinar los cambios propuestos en las propuestas de creación o revisión de programas académicos con las facultades afectadas. Esta política se ha reafirmado en varias ocasiones. En abril de 1994, cuando se discutió la Propuesta de Iniciativa de Renovación Académica para la creación del Bachillerato en Estudios Culturales del Programa de Estudios de Honor, se reafirmó que todas las propuestas, incluyendo aquellas que son apoyadas con fondos externos al Recinto, estaban sujetas a la normativa interna (Exhibit 31). A esos efectos, el CAASA-RP solicitó al Director del Programa de Honor que “inicie un diálogo con la Facultad de Estudios Generales”, pues el Comité entendía que la “coordinación con esa Facultad permitiría afinar los objetivos y ofrecimientos del bachillerato propuesto y aclarar las convergencias entre ambos programas”. (Exhibit 32).

En octubre de ese mismo año, el CAASA-RRP hizo claro que si una Facultad interesaba modificar una propuesta que había sido aprobada por el SA, el procedimiento a seguir era “presentar un planteamiento de reconsideración al Senado y así el Cuerpo tomará la decisión que corresponda”. (Exhibit 33). Ese mismo mes, el Decano de Asuntos Académicos emitió la Circular Núm. 4 (1994-95) , titulada “Evaluación y Revisión de nuestros programas académicos”. En ésta establecía taxativamente que “la justificación para la revisión de programas académicos debe fundamentarse en una evaluación previa del programa vigente, en la cual se evidencien los supuestos generales que el Senado Académico consignó en su Certificación Núm. 17 (1978-79) y que reiteró en la Certificación Núm. 63 (1990-91)”. (Exhibit 34).

Con respecto al trámite interno de las propuestas, para principios de 1980 se había establecido en el Recinto la práctica de someter al Decanato de Estudios [hoy Decanato de Asuntos Académicos] las propuestas aprobadas por las facultades antes de ser examinadas por el SA-RRP. En mayo de ese año, el SA emitió su Certificación Núm. 44, 1981-82, la que requirió a las facultades “que envíen concurrentemente al Senado Académico y al Decanato de Estudios toda propuesta de programas académicos a nivel graduado y subgraduado para la consideración de este Cuerpo”. (Exhibit 35). En 1994, y en conformidad con las certificaciones del SA antes discutidas, en 1994 se estableció el siguiente procedimiento para agilizar la consideración de éstas por el SA-RRP. La propuesta debía ser enviada por el decano de la Facultad o Escuela a la Oficina del Secretario, quien la debía cotejar y asegurarse de que hubiera evidencia de aprobación previa del Comité de Currículo del Departamento, el Departamento en pleno, el Comité de Currículo de la Facultad, y la Facultad en pleno. Una vez confirmado que se había cumplido con el trámite establecido, la propuesta era remitida al Decano de Asuntos Académicos. A esta oficina le correspondía hacer una evaluación técnica del cumplimiento de la propuesta con las guías establecida por la Certificación 93-113 y remitirla a la Secretaría del Senado, con copia a la Facultad y al Presidente del Comité de Asuntos Académicos del SA. El Secretario del Senado y el Presidente del CAA evaluaban el informe y solicitaban, de ser necesario, al Decano de la Facultad concernida completar las partes que pudieran faltar. Una vez recibida la propuesta corregida, el Secretario debía someterla nuevamente al Decanato de Asuntos Académicos para su estudio. Ya cotejadas por el Decano de Asuntos Académicos, se refería la propuesta al Presidente del CAA, quien la colocaba en agenda e informaba al Decano de la Facultad y a los otros miembros del Comité. Una vez aprobada por el CAA, la propuesta pasaba al SA para su consideración y aprobación. (Exhibit 36).

G. Conclusiones sobre el ordenamiento normativo

La normativa vigente al momento de aprobarse la propuesta de revisión curricular del Programa de Bachillerato de la ECP establecía que le correspondía al departamento o escuela generar la propuesta de revisión de sus programas académicos. La decisión de revisar el programa podía surgir como iniciativa de estas unidades o a requerimiento de las instancias superiores. Cada unidad base tiene autonomía para determinar, entre otras cosas, las concentraciones que se ofrecerán, los requisitos de admisión y de graduación para sus estudiantes, el programa de estudio, y los cursos de la concentración que tomarán.

Sin embargo, la autonomía académica de la unidad base es limitada. La misma tiene que ajustarse a la normativa que establecida por las instancias superiores dentro de la unidad institucional, o sea, la Facultad a la que pertenece la unidad base y el Senado Académico. En el caso de las escuelas no adscritas a una Facultad, una vez es aprobada por su cuerpo facultativo, la propuesta de revisión de un programa pasa directamente al Senado Académico. Este Cuerpo es la máxima autoridad en materia académica. Le corresponde establecer la política académica general y asegurarse de que toda propuesta de creación o revisión de programas académicos esté acorde con el esquema curricular de la unidad institucional.

Por otra parte, la Certificación 93-113 del CES requiere que cuando el departamento o escuela inicie la revisión, debe primero consultar a la VAA “a los fines de que ésta indique si los cambios contemplados son sustanciales y exigen llevarse a la consideración de la Junta Universitaria y el Consejo de Educación Superior o si se debe proceder de otra manera”. La Certificación 93-113, sin embargo, no es la única guía que ha de utilizarse para determinar como proceder con la propuesta al interior de la unidad institucional. Cada unidad institucional tiene su propio procedimiento interno, en consonancia con la Certificación 93-113, para atender los procesos de aprobación de programas académicos.

El Senado Académico de Río Piedras ha sido enfático a través de los años, y así lo ha expresado en varias certificaciones, en que toda propuesta de creación y revisión curricular tiene que ser presentada al SA para su consideración y aprobación final. A esos efectos, el CAASA-RRP aclaró, en 1994, que cualquier revisión a una propuesta aprobada por el SA-RRP requiere que se someta nuevamente al Cuerpo para que éste determine si dicha revisión es aceptable. Además, se requiere a la facultad que presente la propuesta que consulte y coordine con otras facultades, si la misma afecta de alguna manera los ofrecimientos de estas últimas.

Se desprende también del análisis de la normativa que la participación de la JU o de la VAA en los procesos de revisión de programas académicos no puede resultar en menoscabo de la autonomía académica de las unidades institucionales y del poder que le confiere el RGUPR a los senados académicos para aprobar los programas académicos que se ofrecen en su respectivas unidades institucionales.

La función de la JU es mantener integrado el sistema universitario respecto a su planificación de conjunto y asesorar al Presidente de la UPR en cuanto a la coordinación de las diferentes unidades institucionales en sus aspectos académicos, administrativos y financieros de las unidades. Tal integración y coordinación requiere que la Junta Universitaria examine si las propuestas de las unidades se ajustan a: (1) los objetivos generales de la UPR; (2) los principios y proyecciones del Plan de Desarrollo Integral del Sistema Universitario; y (3) la misión y objetivos que se le asignó a la unidad concernida. Por su parte, la función de la VAA en los procesos de aprobación de programas curriculares es una de asesoramiento al Presidente, a la JU y a aquellas unidades que así lo soliciten. Sin embargo, a través de los años, la VAA se ha abrogado unas atribuciones que no están contempladas por la LUPR y el RGUPR que inciden sobre la autonomía académica de las unidades institucionales.

La legislación de 1966 tuvo como razón de ser la descentralización de la toma de decisiones y otorgó a cada unidad la facultad de aprobar sus programas y currículos en el ejercicio del principio esencial de autonomía académica. No obstante, como los programas y revisiones curriculares pueden tener efectos sobre la planificación sistémica de la UPR y de sus finanzas, dichas revisiones han de tener la aprobación final de la Junta de Síndicos para asegurarse de que la propuesta académica de una unidad está a tono con la planificación integral de la UPR y no trastoca el presupuesto de la institución.

Por lo tanto, las propuestas de creación y revisión de programas académicos que se someten a la JS pueden ser devueltas a las unidades para que sean modificadas y ajustadas al presupuesto de la institución o a su planificación sistémica. Sin embargo, las propuestas que sean modificadas por la facultad o escuela que las origina, no deben ser elevadas nuevamente ante los organismos de mayor jerarquía sin la intervención del senado académico, pues ello constituiría un procedimiento distinto al que se sigue cuando se eleva la propuesta original. De así actuar, se trastocaría el orden jerárquico de la unidad que origina la propuesta académica y se violentaría la autonomía académica reconocida por ley a las unidades institucionales.

II: LA PROPUESTA DE REVISIÓN

DEL PROGRAMA DE BACHILLERATO
DE LA ESCUELA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

A. El proceso de aprobación dentro del Recinto de Río Piedras

1. Los hechos de acuerdo a la evidencia

La Escuela de Comunicación Pública (ECP) desarrolló una primera propuesta de revisión curricular de sus componentes graduado y subgraduado en mayo 1992. La misma fue sometida a la Oficina de Asuntos Académicos de la Administración Central y al Senado Académico del Recinto de Río Piedras (SA-RRP). La OAA determinó que los dos componentes contenían cambios sustanciales, por lo que le requirió a la ECP que siguiera el trámite establecido en las Certificaciones Núm. 57, año 1978-79 y Núm 126, año 1980-81. Por su parte, el Comité de Asuntos Académicos del SA-RRP (CAASA-RRP) “la aprobó en principio, pero la devolvió a la ECP para que atendiera varios planteamientos”, incluyendo la preparación de “un análisis y proyección de datos de la matrícula en función de la misión y objetivos, y un estudio de egresados”. (Exhibit 37).

El 21 de abril de 1995, la facultad de la ECP aprobó una nueva propuesta revisada del Programa de Bachillerato (“la Propuesta”). En su carta de trámite al Decano de Asuntos Académicos, la Dirección de la ECP informó que los representantes de la acreditadora profesional habían señalado que

el obstáculo más importante a la acreditación era el limitado numero de cursos en artes liberales que toman nuestros estudiantes. A tales efectos hemos presentado un currículo cuyo cambio principal radicaba en los requisitos de educación general.

Para lograr coordinar el ofrecimiento de estos cursos a nuestros estudiantes, el Comité de Currículo se reunió con Decanos de Asuntos Estudiantiles y Directores de Departamento de varias Facultades del Recinto con el fin de acordar qué cursos podrían tomar nuestros estudiantes en estas facultades y evaluar todas las posibilidades del personal docente, salones e impacto económico. El resultado fue favorable tanto para los departamentos consultados como para nuestra unidad. Posteriormente le enviaremos la información referente a los acuerdos con las distintas unidades del Recinto, para que se incluya en el documento de la revisión” (énfasis suplido). (Exhibit 38).

Con respecto al contenido curricular, la “Propuesta de revisión curricular del Programa de Bachillerato de la Escuela de Comunicación Pública” que se anejaba a la carta de trámite informaba que

En la actualidad los estudiantes de COPU tienen como requisito de graduación 66 créditos en otras facultades, de un total de 129. La nueva revisión curricular aumenta a 135 el número de créditos, por lo que sobre los 66 crs. actuales establece 24 crs. que el estudiante tendría que tomar como parte de su preparación general. Lo que se ha diseñado es un programa de estudios en el que además de cursos similares para todos los estudiantes de COPU, se tomen, además, otros cursos específicos que nutran los distintos secuenciales del Bachillerato (énfasis en el original). (Exhibit 39, pág. 28).

Pocos meses más tarde, la ECP aprobó la propuesta de revisión del Programa de Maestría. El 12 de julio de 1996, el Decano de Asuntos Académicos sometió ambas propuestas para la consideración del CAASA-RRP.

El 18 de junio de 1996, el CAASA-RRP inició la consideración de la Propuesta. En esa reunión acordó comunicarle a los proponentes una serie de preguntas y recomendaciones y que “una vez respondan a éstas, se les invite para que respondan a los planteamientos de los estudiantes”. (Exhibit 40). En noviembre de 1996, el CAASA-RRP solicitó por segunda vez a la dirección de la ECP que atendiera varios asuntos (Exhibit 41). En comunicación fechada el 31 de enero de 1997, la Directora de la ECP respondió a los planteamientos del CAASA-RRP, incluyendo el análisis sobre “el impacto de la Propuesta en las distintas facultades del Recinto que ofrecerán cursos a los estudiantes de Comunicación”. (Exhibit 42). El 7 de febrero de 1997, CAASA-RRP informó a la Directora del ECP que iban a continuar evaluando el documento, y la invitó a que asistiera a una reunión, “para que de surgir dudas, las mismas sean aclaradas”. (Exhibit 43). La reunión tuvo lugar el 18 de febrero de 1997. Luego de escuchar a la representación de la ECP, el CAASA-RRP devolvió el documento para que “se atiendan los señalamientos del Comité”. (Exhibit 44). El 24 de febrero, el CAA-RRP notificó a los proponentes que antes de tomar una decisión, necesitaba que se atendieran seis asuntos. Una de las preocupaciones del CAASA-RRP era “cuál sería el impacto presupuestario de la propuesta, no sólo en la Escuela, sino en las demás unidades del Recinto”. (Exhibit 45). El 4 de marzo, el CAASA-RRP se reunió nuevamente para considerar el documento. En esa ocasión la endosó, pero concluyó que aun estaban por aclararse tres de los seis señalamientos anteriores. Además, añadió una lista de otros 17 puntos, incluyendo seis que se relacionaban directamente con la propuesta de revisión del Programa de Bachillerato. (Exhibit 46). El 18 de marzo de 1997, satisfecho con las revisiones hechas por la ECP, el CAASA-RRP finalmente endosó ambos componentes ñSubgraduado y de Maestríañ de la Propuesta.

El 22 de abril de 1997, la dirección de la ECP remitió a la Secretaría del SA-RRP “las copias de las revisiones curriculares de la Escuela de Comunicación Pública con las últimas correcciones que nos señaló el Comité de Asuntos Académicos” y le solicitó que “se incluyan ambos documentos en la próxima reunión del Senado”. (Exhibit 47). Cinco días después, el 27 de abril, el CAASA-RRP presentó su informe final al Cuerpo. En éste se consigna que “el programa de bachillerato consta “de 135 créditos que incluyen cursos de preparación general, cursos medulares, cursos de concentración y electivas” (énfasis añadido). Al finalizar su informe, el Comité indicó que

Cabe señalar que posterior a 1992, la Escuela de Comunicación Pública somete al Comité de Asuntos Académicos la Propuesta de Revisión Curricular de los Programas de Maestría y Bachillerato en octubre de 1996. Este documento de octubre de 1966 recoge los señalamientos y recomendaciones del Comité en 1992. La Escuela también ha atendido diligentemente los señalamientos y recomendaciones del Comité actual, vertidos en reuniones de octubre de 1996 y enero de 1997. Después de que la Escuela atendiera diligentemente los señalamientos y recomendaciones finales hechas por los miembros del Comité, se endosó unánimemente la Propuesta de Revisión Curricular de la Escuela de Comunicación Pública de sus Programas de Maestría en Comunicación y Bachillerato en Comunicación en la reunión del 18 de marzo de 1997.

El Comité reconoce los méritos de la Propuesta y los presenta ante la consideración para la aprobación y endoso del Senado Académico. (Exhibit 48).

En reunión celebrada el 8 de mayo de 1997, el SA-RRP aprobó la propuesta. (Exhibit 49). El 10 de junio de 1997, el Secretario del SA-RRP envió al Rector “para la tramitación correspondiente ante los organismos rectores, cuarenta y cinco copias de la Certificación Núm. 102, Año 1996-97, requeridas por la Certificación 93-113, la cual contiene los acuerdos tomados en torno a la Propuesta de Revisión Curricular de los Programas Subgraduados y de Maestría de la Escuela de Comunicación Pública“. (Exhibit 50). Además, se envió copia a la Oficina de Presupuesto del Recinto para que realizara las evaluaciones sobre el impacto presupuestario de dicha revisión. La propuesta estuvo detenida en esta Oficina por más de dos años. (Exhibit 51).

E 27 de abril de 1999, los proponentes se reunieron con el Director de Presupuesto y oficiales del Decanato de Asuntos Académicos “para discutir el presupuesto necesario para implantar la Propuesta de Revisión Curricular del programa de Comunicación Pública aprobada por el Senado Académico”. (Exhibit 52). El Director de la Oficina de Presupuesto

advirtió que la Administración Central está viendo las revisiones curriculares no a base de las deficiencias de lo viejo sino de las necesidades de los estudiantes nuevos que se atenderán. Señaló además que sería un error comenzar programas nuevos sin los recursos necesarios y que el año que viene será de mucha mayor estrechez presupuestaria para el Recinto.

[El Director de Presupuesto] . . . recomendó que antes de elevar la propuesta a la Junta Administrativa del Recinto, se celebre una reunión con la directora de Presupuesto de la Administración Central para presentar y justificar la necesidad de presupuesto. Esta a su vez podrá indicar al Recinto cuánto dinero si alguno, la Administración Central podría aportar. Ya con ese dato el Programa concernido hará los ajustes necesarios para presentar a la Junta Administrativa”. De esta manera . . . la Propuesta a someter a la Junta Universitaria estaría ajustada al presupuesto disponible”.

Se acordó que los proponentes prepararían una bosquejo de la propuesta y de la justificación del presupuesto, el que se presentaría al Director de la Oficina de Presupuesto para su insumo. Luego se haría una exposición al Rector “para recibir su reacción y conseguir su endoso”, para después “hacer la presentación a la Directora de Presupuesto de la Administración Central”.

En carta con fecha de 3 de mayo de 1999, la Directora de la ECP le indicó al Director de la Oficina de Presupuesto, que “ante la situación que usted nos planteo de que la revisión no podría ser recomendada favorablemente por su oficina de no existir los fondos para sufragar el impacto económico de la revisión en este recinto, decidimos solicitar una reunión con el rector”. En la reunión, celebrada el 30 de abril de 1999, el Rector

señaló que de su parte nuestra revisión tenía todo su respaldo y que no tenía problemas en recomendar la aprobación de la misma ya que su inicio no coincide con el próximo año fiscal”. El Rector reafirmó su posición que el próximo año académico el problema fiscal por el que atravesará el Recinto le impide aprobar proyectos o revisiones que requieran fondos adicionales. Sin embargo, enfatizó que para el año fiscal 2000-2001 sí dispondrá de fondos para sufragar el impacto de nuestra revisión curricular. Ante ese endoso verbal del rector, entendemos que no existe impedimento para que su oficina recomiende a la Junta la aprobación de nuestra revisión curricular.

. . . . . . . . .

Para lograr el objetivo señalado le agradeceremos que luego que analice nuestro informe y dialogue con el rector sobre el mismo, someta ante la Junta Administrativa la recomendación pertinente sobre nuestra revisión”. (Exhibit 53).

Seis meses más tarde, en su reunión del 12 de noviembre de 1999, la JA-RRP aprobó la Propuesta luego de considerar sus aspectos fiscales. (Exhibits 54 y 55).

El memorando presentado por el Rector a la JA-RRP en apoyo a la Propuesta recogía los detalles del documento aprobado por el SA. En lo que se refiere al Programa de Bachillerato, informaba que

Esta revisión curricular aumenta a 135 el número de créditos requeridos para el grado de bachillerato, es decir un aumento de nueve (9) créditos. El aumento de créditos responde a la exigencia de la Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication (ACEJMC), que establece como necesario que el estudiante de un programa acreditado de comunicación tome noventa (90) créditos del total exigido, en otras facultades. No obstante, la Escuela está evaluando cómo puede disminuir el requisito a 120 créditos” (énfasis añadido). (Exhibit 56, pág. 2).

. . . . . . .

En la propuesta que tenemos ante nuestra consideración, el Recinto de Río piedras debe preparar mecanismos de acción que permitan atender la necesidad presentada por la Escuela de Comunicación Pública con el propósito de ofrecer un programa académico de calidad y excelencia para el desarrollo profesional de los medios en Puerto Rico, cuya implantación dependerá de la asignación de fondos adicionales de la Administración Central .

El 15 de noviembre de 1999, el Rector remitió a la JU cincuenta y tres (53) copias de las Certificaciones Núm. 47 de la JA y Núm. 102 del SA-RRP “que contienen los acuerdos tomados en torno a la Propuesta de Revisión Curricular de los Programas de Bachillerato y Maestría de la Escuela de Comunicación Pública”. En su carta trámite, el Rector indicaba que la Propuesta “deberá someterse a la consideración de la Junta Universitaria y luego de su aprobación por ésta, remitirla a la Junta de Síndicos para su consideración y aprobación final”. En la misma no hay alusión al hecho de que la ECP estaba considerando revisar la Propuesta de revisión curricular del programa subgraduado. (Exhibit 57). Las actas de las reuniones del SA-RRP posteriores no ofrecen evidencia de que el Rector informara al Cuerpo que la ECP estaba evaluando la reducción del creditaje.

2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente al momento de atenderse la Propuesta

Al analizar el proceso a nivel del Recinto, y partiendo de la evidencia, el Comité concluye que en el proceso de aprobación de la Propuesta de revisión curricular del Bachillerato de la ECP se siguió formalmente el procedimiento establecido por la Certificación 93-113 y la normativa interna del Recinto.

La Propuesta fue sometida a la VAA para que determinara si había cambio sustancial. Cumpliendo con su deber, la VAA informó en la afirmativa. Luego se inició el proceso a nivel de la ECP. Antes de elevar el documento al SA-RRP la ECP conversó con todas las facultades y departamentos que se verían afectados por la revisión y llegó a acuerdos con los mismos. Por su parte, el CAASA-RRP lo revisó a la luz de la normativa existente, hizo las recomendaciones pertinentes, y se reunió con los proponentes para clarificar diferentes aspectos del mismo. Los proponentes incorporaron las sugerencias que le hiciera el CAASA-RRP. Una vez incorporadas éstas, el Comité recomendó la misma al pleno del Cuerpo, el que le dio su aprobación final. Con el endoso del SA-RRP, la Propuesta pasó a la próxima instancia ñla JAñ, la que cumpliendo con su responsabilidad reglamentaria, estudió la dimensión fiscal de la Propuesta y le confirió su aprobación. El Rector por su parte, cumpliendo con la suya, la elevó a la JU con 53 copias, según lo requiere la Certificación 93-113.

La evidencia demuestra que luego de recibir la aprobación final del SA-RRP sobre la dimensión académica, y aún estando la Propuesta dentro del Recinto, se comenzó a revaluar la misma con el propósito de reducir el creditaje de 135 a 120. De acuerdo a la Certificación 93-113, la revisión del creditaje es un cambio sustancial. La misma Certificación dispone que toda propuesta académica debe tener el endoso del senado académico. Por otra parte, la normativa interna del Recinto de Río Piedras establece que cualquier revisión a una propuesta aprobada por el SA-RRP debe ser devuelta al Cuerpo para su consideración. Si la ECP estaba evaluando reducir el creditaje aprobado por el SA-RRP , lo correcto desde el punto de vista normativo era solicitar a la JU pospusiera la consideración de la Propuesta hasta que su facultad tomara una determinación final sobre el asunto. De optar por reducir el créditaje, entonces el procedimiento a seguir, según lo establece la normativa interna era el siguiente: (1) aprobación de la facultad en asamblea, y (2) si ésta lo endosaba, presentar un planteamiento de reconsideración al Senado para que este Cuerpo determinara la acción a seguir.

De igual forma, era el deber ministerial del Rector, como presidente tanto del SA como de la JA, detener la propuesta en esa instancia y solicitarle al ECP que procediera de la forma antes señalada. En función de presidente de la JA, las razones para tal acción eran que: (a) la reducción en el creditaje podría afectar a otras facultades o escuelas, y (b) que dicha reducción podía tener efectos en el presupuesto no tan sólo de la ECP sino de estas otras unidades y del Recinto.

B. El proceso de evaluación a nivel de la Vicepresidencia

1. Los hechos de acuerdo a la evidencia

La Propuesta de revisión curricular del Programa de Bachillerato de la ECP, según fue aprobada por el SA y la JA del Recinto de Río Piedras, fue recibida por la Secretaría de la JU el 16 de noviembre de 1999. Seis días después, la Secretaría de la JU remitió tres copias de la misma y de las Certificaciones Núm. 47, 1999-2000, de la JA y Núm. 102 ,1996-97, del SA, a la OAA-VAA para que la evaluara e hiciera las recomendaciones pertinentes. En la carta trámite, el Secretario Ejecutivo de la JU le solicitó a la Dirección de la OAA-VAA que coordinara “con las Oficinas de Planificación y Desarrollo y de Presupuesto el envío de las recomendaciones a la Junta Universitaria”, indicándole su interés en que esa Oficina evaluara la propuesta conforme a lo dispuesto en la Certificación 93-113. Finalizaba la carta trámite indicando que “una vez recibamos dichas recomendaciones, procederemos a someter la propuesta académica a la consideración de la Junta Universitaria”. (Exhibit 58). La Secretaría de la JU envió carta similar informando al Rector del Recinto de Río Piedras que se había elevado la propuesta a las Oficinas de la Administración Central y que “tan pronto se sometan las recomendaciones, procederemos a someter la propuesta académica a la consideración de la Junta Universitaria”. (Exhibit 59).

Una vez recibida la solicitud del Secretario Ejecutivo de la JU, y según lo estipulado en la Certificación 93-113, la OAA-VAA remitió copia de las propuestas, el 20 de noviembre de 1999 y el 11 de enero de 2000 respectivamente, a la Oficina de Presupuesto y a la Oficina de Planificación y Desarrollo para su análisis y recomendación (Exhibits 60 y 61). Mientras tanto, la VAA inició su propia evaluación de ambos documentos. Como parte de este proceso, inició conversaciones directas con el Decanato de Asuntos Académicos del RRP (DAA-RRP) y la dirección de la ECP.

El 11 de octubre de 2000 la Directora de la OAA-VAA llegó a una serie de acuerdos con el Director de la ECP. Los expedientes existentes en el DAA-RRP y la VAA arrojan poca luz sobre los asuntos tratados. El único documento disponible es un “Borrador [de] Acuerdos tomados sobre la revisión curricular” fechado el 16 de octubre de 2000. (Exhibit 62) . El mismo contiene el texto de una carta de la Directora de la OAA-VAA al Director de la ECP, que aparece con copia al Presidente de la UPR, al Vicepresidente para Asuntos Académicos, al Rector y al Decano de Asuntos Académicos de la UPR-RRP, y a los miembros del Comité de Asuntos Académicos ante la Junta Universitaria. La carta trámite del Borrador va dirigida al Director de la ECP “para su información y acción correspondiente”, con copia al Decano de Asuntos Académicos del RRP. ésta hace referencia a la conversación que tuvo lugar en la fecha antes indicada y resume “los acuerdos tomados en la misma. Con respecto a la Revisión Curricular del Bachillerato se indica lo siguiente:

La Escuela de Comunicación Pública debe revaluar el aumento en creditaje de 126 a 135 créditos. La necesidad de rediseñar el currículo de educación general no es suficiente razón para justificar dicho aumento en creditaje del programa y los 78 créditos dispuestos para la educación general. Este señalamiento es de particular importancia cuando el Recinto de Río Piedras aprobó un esquema para el nuevo bachillerato.

Entendemos que la Escuela de Comunicación Pública debe reflexionar sobre los conocimientos, destrezas y valores que desea en sus egresados del bachillerato tanto como parte de la educación general como la especialidad y luego dialogar con otras facultades o departamentos sobre los cursos que el estudiante deberá tomar para lograr esto.

Por lo antes expuesto, la VAAeI recomienda que el currículo presentado ya esté de acuerdo con el nuevo esquema de bachillerato propuesto en el Recinto” (énfasis suplido).

El 26 de octubre de ese mismo año, la Ayudante del Director de la ECP envió 50 copias de los apéndices de la Revisión Curricular de la ECP a la Directora de la OAA-VAA para su atención o trámite. Los apéndices incluidos son los que se habían preparado como anejos a la propuesta original. Por ejemplo, el apéndice “H” establece la “relación entre cursos y objetivos de los programas de la Escuela de Comunicación”. Para cumplir con el objetivo “a. Obtener una amplia base científica y humanística para entender a cabalidad su sociedad y el lugar que en ella ocupan los medios de comunicación” se incluyen los cursos de educación general que aparecen en la Propuesta original. Asimismo, en el apéndice “I: Cambios fundamentales al Programa de Bachillerato” se consigna que el creditaje propuesto es de 135 créditos y no contiene alusiones a cambios en el componente de educación general. (Exhibit 63).

El 16 de noviembre de 2000, el Director del ECP envió, por conducto del Decano de Asuntos Académicos, para la”atención o trámite” de la Secretaría de la JU ” las 50 copias de la Revisión Curricular del Programa Subgraduado y el Programa de Maestría que incorpora las sugerencias del Comité de Asuntos Académicos de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de Administración Central”. (Exhibit 64). En la “Propuesta de revisión de la Escuela de Comunicación Publica: Programa Subgraduado”, se informa lo siguiente:

En la actualidad los estudiantes de COPU tienen como requisito de graduación 66 créditos en otras facultades de un total de 126. La nueva revisión curricular baja a 120 el número de créditos. Lo que se ha diseñado es un programa de estudios en el que además de cursos similares para todos los estudiantes de COPU, se tomen, además, otros cursos específicos que nutran las distintas concentraciones del Bachillerato, a la vez que respondan a la normativa de la Junta Evaluadora (énfasis en el original). (Exhibit 65).

Para cumplir con el componente de Educación General se exigen 48 créditos, distribuidos de la siguiente manera: 9 créditos en Seminarios ñ Seminario de Educación General 6 crs. (Primer Año) y Seminario de Educación General Avanzado 3 crs. (Cuarto Año)ñ ; 24 créditos de lenguas; y 15 créditos en otras áreas de educación general, de los cuales 6 eran en Historia. Todos los cursos de educación general requeridos en el esquema vigente al momento de hacerse la revisión, a excepción de los cursos de lenguas habían sido eliminados. El componente de cursos de concentración requiere también 48 créditos (21 créditos de correquisitos y 27 créditos de requisitos de concentraciones), mientras que el componente de electivas requiere 24 créditos distribuidos en partes iguales entre electivas libres y electivas flexibles, éstas últimas “bajo la asesoría del asesor académico”. (p. 31).

El 6 de diciembre, la Directora de la OAA-VAA sometió el informe englobado a la JU, con el título “Comentarios y recomendaciones a la propuesta de revisión curricular de la Maestría y el Bachillerato en Comunicación Pública del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En la sección “B: Bachillerato en Artes con concentración en Comunicación” se señala que

El Bachillerato en Artes con concentración en comunicación fue creado en 1977 mediante Certificación 66, Serie 1976-77 del Consejo de Educación Superior. El currículo vigente del bachillerato tiene 126 créditos distribuidos en 66 créditos en Educación General, 51 créditos en Comunicación y 9 créditos en electivas libres.

Más adelante, la Directora de la OAA-VAA señala que el nuevo currículo propuesto consta de 120 créditos a razón de quince créditos por semestre”, los que se distribuyen de la siguiente manera: 48 de educación general, 48 en concentración y 24 en electivas libres. En relación a la Educación General, informa que consiste de “Seminarios de Educación General de primer año y Avanzado ñ 9 créditos, Cursos – 24 créditos en Leguaje y 15 créditos en otras áreas de Educación General, de los cuáles 6 son en historia. Los requisitos en lenguaje incluyen 12 créditos en español y 12 créditos en inglés”. Finaliza la sección apuntando que “este currículo atiende adecuadamente las recomendaciones de la agencia acreditadora, la cual requiere que los programas de bachillerato en comunicación contengan como requisito un mínimo de 90 créditos en cursos de otras facultades”. El informe cierra con un felicitación por parte de la VAA

a la Escuela de Comunicación Pública, a sus profesores y a su Director por tomar la iniciativa en la revisión de su programa de Bachillerato atendiendo las demandas de los egresados altamente competentes en su campo profesional, pero a la vez con una sólida preparación cultural. Este programa debe servir de modelo para los otros programas de bachillerato del Recinto de Río piedras y de otras unidades del sistema universitario para lograr la diversidad que deseamos y reforzar aun más nuestro compromiso con la excelencia académica, según bien lo expresa la visión de la Universidad de Puerto Rico”.

El 21 de enero de 2001, la ECP celebró una reunión ordinaria. La agenda era la siguiente: (1) Aprobación del Acta Núm. 1; (2) Informe del Director, y (3) Informe de los Comités. En el acta de esa reunión se recogen una serie de puntos. Para efectos de este estudio, los puntos relevantes comienzan en el 15 y terminan en el 22:

15. El Director de la ECP “repartió a la Facultad copia de la Certificación Núm 22 (2000-2001) del 18 de diciembre de 2000 donde la Junta Universitaria aprueba la propuesta de revisión curricular de los programas subgraduados y de maestría de la Escuela de Comunicación Pública donde fue aprobada [sic] por unanimidad el siguiente acuerdo: Recomendar a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico la aprobación de la revisión curricular de los programas subgraduados y de maestría de Comunicación Pública del Recinto Universitario de Río Piedras”.

16. El Director de la ECP, “distribuyó copia del bachillerato en comunicación que aprobó la Junta Universitaria. El esquema curricular consta de tres partes. La primera parte son los 48 créditos de Educación General, que incluye los seminarios de primer año y el seminario de cuarto año. La Junta Universitaria había solicitado que la revisión del bachillerato se atemperase a lo que el Senado Académico había aprobado hasta diciembre, y así se hizo (énfasis suplido). La segunda parte concierne los requisitos de las concentraciones y los de la Escuela. La tercera parte son las electivas, flexibles y libres.

17. Una profesora “señaló que en la discusión de los seminarios en el Senado tal vez haya algunas modificaciones.

18. El Director de la ECP “indicó que estos secuenciales serían para comenzarlos ya el 2002-2004 porque es imposible, aunque la Junta de Síndicos lo apruebe ahora, es humanamente imposible empezarlo en agosto. Hay que abrir cursos y ponerse de acuerdo, es mucho lo que hay que hacer. Cada uno de los prontuarios de los cursos que se han sometido se rehicieron uno por uno según la nueva certificación del CES porque los nuevos prontuarios hay que ponerle el porciento del tiempo que va a pasar discutiendo cada unidad. Además, las bibliografías tienen que estar al día y claras, tienen que incluir libros académicos, ensayos que aparecen en revistas académicas, material que esté online, de lo contrario nos lo seguirán devolviendo del Decanato de Asuntos Académicos. Es una bibliografía como si se estuviera trabajando en una tesis o tesina. Señaló que es importante cuando se sometan cursos nuevos tengan esto presente que la bibliografía no son siete u ocho libros, es toda una bibliografía académica.

19. Señaló que durante el semestre se tengan reuniones para ir dilucidando como trabajar esto. Hay que irse familiarizando con los secuenciales.

20. Indicó que la reducción en el número de créditos no afectó los cursos de concentración ni los medulares. Esto se quedó igual. Lo que se atemperó fue en la educación general a [la] que corresponden ahora a [sic] 48 créditos (énfasis añadido).

21. Señaló que a la reunión de la Junta Universitaria lo citaron con el Decano. Unánimemente nos felicitaron por este programa bachillerato de 120 créditos. La gente de Cayey y Mayagüez nos felicitó al igual que la gente de la Vicepresidencia. Todo este trabajo fue el producto de mucho tiempo y muchos años.

22. No hubo más asuntos discutidos. (Exhibit 66).

2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente al momento de atenderse la Propuesta

Al analizar la documentación disponible, el Comité concluyó que el trámite se ajusto a la normativa existente hasta llegar a la Vicepresidencia. Siguiendo el trámite establecido en la Certificación 93-113, el Secretario de la JU remitió la propuesta a las Oficinas de la Administración Central para su evaluación y solicitó de la OAA que prepara un informe englobado. Por su parte, también cumpliendo con la Certificación 93-113, la OAA remitió las propuestas, las que fueron analizadas por las oficinas y, posteriormente, preparó y sometió el informe requerido. Sin embargo, como parte de la evaluación que le correspondía, la OAA se excedió en sus atribuciones. En esta fase, la Dirección de la ECP, en conjunción con la OAA, llevó a cabo varias acciones que contravienen lo dispuesto en la normativa existente y que atenta tanto contra la autonomía académica de las unidades institucionales como de sus unidades bases. A continuación el análisis del Comité.

Partiendo de los documentos disponibles, el Comité ha establecido que la Propuesta aprobada por la facultad de la ECP el SA y la JA fue revisada entre el 11 de octubre (fecha en que tuvo lugar la reunión entre la Directora de la OAA-VAA y el Director de la ECP) y el 16 de noviembre de 2000 (fecha en que la Dirección de la ECP remitió la propuesta revisada a la JU) . La evidencia apunta a que durante ese lapso de tiempo la ECP no celebró una reunión de facultad para endosar las revisiones curriculares que fueron acordadas por la Dirección de la Escuela y la Directora de la OAA a la Propuesta que había sido aprobada por dicha facultad el 21 de abril de 1995, endosada por el SA y la JA del RRP, el 22 de abril de 1997 y el 8 de mayo de 1997 respectivamente, y elevada por el Rector a la JU el 12 de noviembre del 1999.

Asimismo, el Comité ha establecido que la revisión de la Propuesta se hizo en función del documento “Proyecto: Un nuevo bachillerato para el 2000” (3 de agosto de 1999), preparado por el Comité Especial para la Reconceptuación del Bachillerato. (Exhibit 67). En lo referente a este asunto, hay que aclarar varios puntos. El primero es que el requerimiento de “que la revisión del bachillerato se atemperase a lo que el Senado Académico había aprobado hasta diciembre” no emanó de la JU, sino de la OAA-VAA. Como veremos en la próxima sección, la JU simplemente consideró la Propuesta revisada. Segundo, la revisión de la propuesta se hizo en noviembre y no en diciembre, como informara el Director a la facultad de la ECP en la reunión ordinaria de 21 de enero del 2001. Tercero, la frase “lo que el Senado Académico había aprobado hasta diciembre” se refiere al esquema curricular contenido en el documento antes mencionado. Con respecto a este punto, hay que aclarar que para el momento en que se realizó la revisión el SA-RRP no había aprobado nada oficialmente. Para facilitar la discusión del Proyecto, el SA había decidió discutirlo por partes. En el proceso de discusión de las mismas, el SA llegaba a acuerdos preliminares. Una vez finalizada la discusión de todas las partes, el Cuerpo procedería entonces a considerar el documento en su conjunto.

Si bien el SA-RRP había llegado a unos acuerdos sobre el esquema curricular durante el segundo semestre del año académico 1999-2000, éstos no eran finales. El 17 de octubre de 2000, esto es, en los mismos momentos en que se estaba realizando la revisión de la Propuesta de revisión curricular del Programa de Bachillerato de la ECP, el SA aprobó una moción de “a los fines de considerar la revisión o modificación del componente de educación general”. (Exhibit68). En la próxima reunión, celebrada el 24 de octubre, el SA-RRP creó un Comité de Diálogo, cuyo propósito era “identificar avenidas de consenso en torno a la configuración del componente de educación general del proyecto para un nuevo bachillerato en el recinto”. (Exhibit 69). El 30 de noviembre de 2000, el SA-RRP acordó enmendar el esquema. (Exhibit 70). En resumen, la revisión del componente de educación general de la Propuesta de revisión del Bachillerato de la ECP, se hizo en función de un esquema curricular que no era el esquema vigente, y cuyo componente de educación general estaba siendo revisado por el SA-RRP.

La reunión ordinaria de la ECP, celebrada el 21 de enero de 2001, fue una de carácter informativo. En ésta fue que el Director le notificó a la facultad que la JU había aprobado una propuesta diferente a la que se elevó a ese Cuerpo. La explicación que se ofreció para estos cambios fue que “la Junta Universitaria había solicitado que la revisión del bachillerato se atemperase a lo que el Senado Académico había aprobado hasta diciembre” y que la Dirección de la ECP actuó simplemente en función de lo que se le había solicitado “y así se hizo”.

Como se desprende del análisis de la normativa que guía los procesos de aprobación de los programas académicos, ni el Director de la ECP, ni el Decano de Asuntos Académicos, ni ningún comité departamental tiene la potestad para alterar o acordar cambios a la propuesta de revisión del Programa de Bachillerato sin el consentimiento de la facultad de la ECP. Esto, según lo consigna el RGUPR, es un “atribución colectiva” de los miembros del Departamento. La función del Director, en lo que se refiere a este renglón, se limita a “dirigir la instrumentación de los acuerdos que tomen los miembros del departamento en sus reuniones debidamente constituidas, y elevar antes las autoridades correspondientes aquellos acuerdos que así lo requieran”. (RGUPR, Sec. 25 (3)(3)).

De la misma forma, al la Dirección de la ECP elevar la propuesta revisada a la JU sin que mediara el endoso del SA del Recinto de Río Piedras contravino la normativa existente dentro del Recinto que establece que el SA cumple la función determinante en la aprobación de los programas académicos y el principio de autonomía académica consignado en la LUPR. Como se señaló anteriormente, lo que procedía era presentar la propuesta revisada al SA para su consideración.

Otro aspecto preocupante, desde el punto de vista del Comité, es la forma en la que los administradores universitarios que participaron en el proceso de revisión atendieron la solicitud de revisión de la propuesta que hiciera la VAA. Desde el punto de vista administrativo, el Director de la ECP y el Decano de Asuntos Académicos, actuaron fuera de la normativa establecida cuando procedieron con la revisión de una propuesta, que había sido aprobada en cumplimiento con la normativa vigente, partiendo de un esquema curricular no aprobado.

Es igualmente preocupante que la OAA-VAA haya requerido a la ECP que realizara una revisión sustancial de la Propuesta [“la Escuela de Comunicación Pública debe revaluar el aumento en creditaje de 126 a 135 créditos”] sin indicarle que la misma debía regresar al SA-RRP; que le recomendara a la Dirección de la ECP que hiciera una revisión de un programa académico en función de un esquema que no había sido autorizado por el Senado Académico; y que recomendara a la JU la aprobación de una propuesta que no se atenía al esquema curricular general de la unidad institucional que la generó.

Es pertinente también mencionar que en la evaluación de la Propuesta tampoco se siguió el protocolo interno de la JU, que separa los procesos de evaluación que se llevan a cabo en la VAA y en la JU. Según éste, la VAA debe someter un informe englobado con las evaluaciones de las Oficinas de la Administración Central a la Secretaría de la JU, quien lo refiere entonces al Comité de Asuntos Académicos del Cuerpo (“CAA-JU”). En este caso en particular todo parece indicar que ambas evaluaciones ñla de la OAA-VAA y la del CAA-JUñ se dieron paralelamente, pues el informe que presenta la VAA es un informe conjunto. En su Informe del 6 de diciembre de 2002, la Directora de la OAA-VAA recomendó que el “presupuesto debe revisarse a la luz de los cambios en el currículo de bachillerato propuesto después de la discusión del mismo en el Comité de Asuntos Académicos de la Junta Universitaria”, mientras que, más adelante, se hace referencia a las “Recomendaciones o comentarios de la Vicepresidencia para Asuntos Académicos e Investigación y el Comité de Asuntos Académicos de la Junta Universitaria” (énfasis suplido). Por su parte, en su carta trámite de la propuesta revisada, fechada el 16 de noviembre de 2000, el Director de la ECP indica que la propuesta ñla que fue enviada a la JU antes de que se presentara el Informe de la OAA-VAAñ se revisó en función de las recomendaciones del “Comité de Asuntos Académicos de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de Administración Central.”[sic].

Por otra parte, no hay constancia documental de cuáles de los miembros del CAA-JU ñentre los que se encontraba el Representante del SA-RRP ante la JU (Exhibit 71)ñ participaron en el proceso de revisión. El hecho que sí está constatado documentalmente es que el Representante del SA-RRP ante la JU, no reportó al Cuerpo en sus informes mensuales del periodo en que se estaba revisando la Propuesta ñoctubre y noviembre de 2000– lo que estaba aconteciendo con la misma. (Exhibit 72).

C. El proceso de evaluación a nivel de la Junta Universitaria

1. Los hechos de acuerdo a la evidencia

El 16 de noviembre de 2000, el Director de la ECP envió “50 copias de la Revisión curricular del Programa Subgraduado y el Programa de Maestría que incorpora las sugerencias del Comité de Asuntos Académicos de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de Administración Central” (énfasis suplido). Poco después de recibida las mismas, se procedió a ponerla en la agenda de la próxima reunión ordinaria de la JU. En la convocatoria para esta reunión, fechada el 27 de noviembre de 2000, se incluye la consideración de la propuesta de la ECP como punto número 7 de la agenda de la reunión ordinaria del 13 de diciembre de 2000. (Exhibit 73).

Según lo establecido en la agenda, el 13 de diciembre de 2001, la JU consideró la Propuesta de revisión del Programa de Bachillerato. En el proceso de consideración, la JU tuvo ante si dos documentos: la propuesta enviada por el Director de la ECP y los “Comentarios” a la misma de la Directora de la OAA-VAA. La propuesta considerada lee: “Propuesta de Revisión Curricular de la Escuela de Comunicación Publica: Programa Subgraduado. Aprobada por la Facultad de Comunicación Pública, 21 de abril de 1995”. Le sigue en orden: (1) una primera hoja, que es copia fiel de la portada, (2) la Certificación Núm. 47, año 1999-2000, de la Junta Administrativa, (3) a Certificación Núm. 102, año 1996-97, del Senado Académico y (4) el texto revisado. No hay nada en el documento presentado ñuna hoja inserta o anotaciones en el cuerpo de la mismañ que indique a los miembros de la JU que el documento que estaban considerando era una versión revisada de la propuesta aprobada por las diferentes instancias del Recinto de Río Piedras.

Como se señaló en la sección anterior sobre el proceso de evaluación en la VAA, en la sección referente al programa de bachillerato de los “Comentarios” de la Director de la OAA- VAAeI ñsección “B: Bachillerato en Artes con concentración en Comunicación”ñ no hay alusión alguna a que el documento que se estaba considerando era sustancialmente diferente a la propuesta original. El único comentario que podría entenderse como una alusión a que la propuesta original había sido revisada, aparece en la sección “Recursos fiscales”. En ésta, la Directora, explica que el “presupuesto debe revisarse a la luz de los cambios en el currículo de bachillerato propuesto después de la discusión del mismo en el Comité de Asuntos Académicos de la Junta Universitaria”. (Comentarios, 5). No hay, sin embargo, comentarios a los efectos de cuáles fueron los cambios que se hicieron.

La presentación de la Propuesta estuvo a cargo del Director de la ECP y el Decano de Asuntos Académicos del RRP, quien actuó en representación del Rector. Además, se hallaban presentes el Representante del SA-RRP ante la JU y el representante estudiantil. En su exposición inicial, el Decano de Asuntos Académicos “inició la exposición de los antecedentes del caso. Indicó que la propuesta bajo consideración cuenta con la aprobación de las diferentes instancias del Recinto. De igual modo, se ha cumplido con las recomendaciones que hiciera la Vicepresidencia para Asuntos Académicos”.

El Director de la ECP, por su parte, explicó el proposito de la revisión. Con respecto al Bachillerato en Artes con Concentración en Comunicación, informó “que el programa propuesto reduce de 136 [sic] a 120 créditos. . . . [y que] el currículo consta de 120 distribuidos en: 48 créditos de Educación General, 48 créditos en cursos de concentración y 24 créditos en electivas libres, de los cuales 12 créditos son en electivas libres y 12 en electivas flexibles”. El representante claustral de la UPR-Cayey ante la JU señaló a este programa como uno modelo y ejemplo de que “se pueden hacer cambios sin necesidad de aumentar los créditos”. Siguiendo la misma linea de razonamiento, el representante de SA-RRP indicó “que la propuesta bajo consideración contiene la estructura del concepto del nuevo bachillerato en el Senado del Recinto Universitario de Río Piedras. Agregó que el Recinto tiene proyectado someter ante la Junta Universitaria la propuesta de la [re]conceptualización del nuevo bachillerato para el próximo semestre” No obstante, tomando en consideración la revisión curricular de la Universidad de Puerto Rico en Cayey se podría iniciar un proceso de revisión a nivel sistémico”. (Exhibit 74).

El Representante del SA-RRP, presentó la moción de que se recomendara la Propuesta, la cual fue secundada. No habiendo objeción, la Junta Universitaria adoptó por unanimidad:

Recomendar a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico la aprobación de la propuesta de Revisión Curricular de los Programas Subgraduados y de Maestría de la Escuela de Comunicación Pública del Recinto Universitario de Río Piedras.

La Vicepresidencia para Asuntos Académicos e Investigación someterá la propuesta académica a la Junta de Síndicos para su aprobación”. (Exhibit 75).

Varios días después, en la reunión ordinaria del SA-RRP, celebrada el 23 de diciembre del 2000, su Representante ante la JU notificó al Cuerpo en su informe mensual que

se aprobó la propuesta de revisión curricular de los programas subgraduados y de Maestría de la Escuela de Comunicación Pública del Recinto Universitario de Río Piedras. (Certificación Núm. 22 – 2000-01). Se destacó la calidad de la propuesta, aplaudieron los proponentes por la misma y se señaló la importancia de que las unidades vean en la revisión subgraduada la dirección que apunta la Reconceptualización del Bachillerato en este recinto. (Exhibit 76 ).

En este informe, ni en su exposición oral ante el Cuerpo, el Representante del SA-RRP ofreció detalles sobre el programa académico que aprobó la JU y como éste se distanciaba del esquema vigente en el Recinto.

2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente al momento de atenderse la Propuesta

Como indicamos en la “Normativa”, el propósito de enviar las cuarenta y cinco copias de la propuesta original es garantizar que los miembros de la JU tengan constancia exacta del programa académico que cumple con los requerimientos, la normativa y la especificidad de la unidad institucional autónoma. Los documentos existentes reflejan que la JU tuvo ante su consideración dos documentos: la propuesta sometida por la dirección de la ECP el 16 de noviembre de 2000, y los Comentarios preparados por la Directora de la OAA- VAA. La propuesta de revisión curricular del Bachillerato que se distribuyó entre los miembros del Cuerpo, no fue la propuesta aprobada por el SA y la JA del Recinto de Río Piedras, sino una radicalmente diferente que incorporaba como parte integral del texto las recomendaciones hechas por la VAA y que se hizo en función de un esquema que no había sido aprobado.

Contrario a lo expresado por el Decano de Asuntos Académicos del RRP, el documento que consideró la JU no contaba con la aprobación de las instancias del Recinto. Sin embargo, el lector podía concluir que eso era lo correcto, pues la versión que se entregó estaba fechada el 21 de abril de 1995 y no incluía observación alguna a los efectos de que había sido modificada substancialmente. El hecho de que el cuerpo del documento estaba precedido por las Certificaciones 47, año 1999-2000 de la JA y la 102, año 1996-97 del SA del RRP, reforzaba esta percepción incorrecta.

Los comentarios recogidos en las Actas por los representantes del RRP tienden a evidenciar que en ningún momento se le informó a los miembros de la JU que la propuesta bajo consideración era sustancialmente diferente a la que fue aprobada por el SA-RRP y la JA-RRP. De hecho, todos ellos, específicamente los comentarios iniciales del Decano de Asuntos Académicos del RRP y los del Representante del SA en la JU, dan la impresión al lector de que la propuesta revisada contaba con el endoso del SA de RRP.

Por otra parte, el comentario incidental que hace la Decana de Asuntos Académicos sobre la necesidad de ajustar el presupuesto en función de los cambios en el currículo del bachillerato, no puede, bajo ninguna circunstancia, construirse como una notificación a la JU de que la propuesta que se estaba considerando era sustancialmente diferente a la que había sido aprobado por el SA y la JA del RRP.

Otras irregularidades que caracterizaron el proceso de aprobación de la Propuesta fueron el hecho de que, en contravención al Reglamento Interno del este cuerpo, el CAA-JU no rindió informes de progresos ni un informe final por escrito. Tampoco se siguió el protocolo interno con respecto al trámite del informe de la OAA-VAA. Finalmente, debemos notar que en contravención al RGUPR, la Secretaría de la JU no elevó la propuesta a la JS, sino que delegó en esta responsabilidad en la VAA.

En resumen, como resultado de la forma en que se atendió el proceso de revisión de la propuesta en la JU, ese Cuerpo evaluó y endosó una propuesta que era sustancialmente diferente a la que aprobó el SA-RRP y la JA-RRP y que no se enmarcaba dentro del esquema curricular vigente en el Recinto.

D. El proceso de aprobación en la Junta de Síndicos

1. Los hechos de acuerdo a la evidencia:

El Secretario Ejecutivo de la JU remitió la Certificación Núm. 22, 2000-2001, a la Directora de Asuntos Académicos de la VAA, indicando que “la Vicepresidencia revisará el documento y lo elevará posteriormente a la consideración de la Junta de Síndicos”. (Exhibit 77). El 20 de diciembre, la Directora de la OAA-VAA elevó a la Junta de Síndicos (JS) 15 copias de la “Propuesta de Revisión Curricular de los Programas Subgraduados y de Maestría de la Escuela de Comunicación Pública del Recinto Universitario de Río Piedras, junto con la Certificación Núm. 22 de la Junta Universitaria, donde aprueban la propuesta mencionada”. A la misma se anejaron tres documentos: “las recomendaciones de la Vicepresidencia para Asuntos Académicos e Investigación a la propuesta indicada y sometida a la Junta Universitaria el 6 de diciembre de 2000”; “la evaluación de la Oficina Central de Presupuesto” y “la evaluación de la Oficina Central de Planificación”. Además, en la carta trámite, la Directora le informó al Secretario Ejecutivo de la JS que “las certificaciones del Senado Académico y la Junta Administrativa del Recinto de Río Piedras están incluidas dentro del documento de la propuesta”. (Exhibit 78).

El 9 de enero, el Secretario Ejecutivo de la JS envió las propuestas al Comité de Asuntos Académicos e Investigaciones de la JS. (Exhibit 79). El 15 de febrero, el Comité de Asuntos Académicos invitó a varios profesores de la ECP a una reunión para conversar sobre éstas. (Exhibit 80). Las Actas de dicha reunión, celebrada el 21 de febrero, indican que “los profesores a cargo de la propuesta hicieron una presentación general de la misma en la que destacaron los cambios propuestos en dicha revisión”. Los cambios señalados como más significativos fueron: (1) “Cambios de nombre de la Escuela de Comunicación Pública por el de la Escuela de Comunicación”; (2) “Definición precisa de la filosofía y objetivos de la Escuela; (3) “Reducción del numero de créditos de 45 a 36 [en el programa de Maestría]”; (4) “Sustitución del requisito de examen de grado por un examen cualificativo y la inclusión del requisito de tesis o proyecto”; y (5) “eliminación de los pre-requisitos en cursos de bachillerato en Comunicación para solicitar admisión a la Escuela”. La representación de la VAA aclaró que endosaba la propuesta, “siempre y cuando las recomendaciones hechas por su Oficina sean incorporadas a la misma”. Mientras que el Presidente del Comité le solicitó al Director de la ECP que sometiera un informe “en el cual se incluyan las recomendaciones hechas, tanto por el Comité como por la Vicepresidencia para Asuntos Académicos de la Administración Central para ser considerado por la Junta de Síndicos junto con la propuesta”. (Exhibit 81).

El 1 de marzo, el Director de la ECP, le envió una comunicación al Presidente del Comité de Asuntos Académicos, respondiendo a las interrogantes o asuntos presentados durante la reunión, y que, en su mayoría formaban parte de las recomendaciones o comentarios esbozados en la comunicación del 6 de diciembre de la oficina de la Vicepresidencia de Asuntos Académicos de Administración Central, a la Junta Universitaria”. (Exhibit 82).

En su reunión ordinaria del 8 de marzo de 2001, la JS aprobó las propuestas. (Exhibit 83). En su informe oral, el Presidente del Comité de Asuntos Académicos comentó sobre la importancia de la propuesta para propósitos de la acreditación y sobre la transformación de la filosofía de la ECP hacia la investigación. (Exhibit 84).

2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente al momento de atenderse la Propuesta

La sección 15.4.6 del RGUPR dispone que en los casos en que las recomendaciones de la Junta Universitaria incluyan cambios a las propuestas originales, ésta remitirá a la Junta de Síndicos sus recomendaciones, acompañadas de las propuestas originales, e indicará claramente los cambios recomendados. El Presidente remitirá las propuestas con sus recomendaciones y las de la Junta Universitaria”. (Sec. 15.4.6). La VAA, a la que se le ha delegado la responsabilidad de elevar la Propuesta a la JS, no cumplió con esa disposición. Sometió una propuesta que había sido revisada sustancialmente por la ECP a su solicitud, sin incluir la copia de la propuesta original, negándole de esta forma a los miembros de la JS la oportunidad de ver cual era la propuesta que tenía el endoso de la unidad institucional autónoma.

Por otra parte, la evidencia no ofrece indicaciones de que se le informó a la JS que estaba considerando una propuesta de revisión curricular que no correspondía al esquema curricular vigente del RRP. Por lo que, la JS autorizó, sin conocimiento de causa, un programa que además de no contar con el aval de ninguna de las instancias de la unidad institucional autónoma ñla facultad de la ECP y el SAñ se encontraba al margen de la normativa interna de dicha unidad tanto en términos procesales como en su programa de bachillerato.

La participación de la VAA en la reunión, tiende a demostrar que esta Oficina está asumiendo de facto el papel determinante en el proceso de aprobación de las propuestas académicas presentadas por las unidades. Se confirma que dicha oficina opina que tiene poder de veto pues se dice allí que “endosa la propuesta [de COPU] siempre y cuando las recomendaciones hechas por su Oficina [de Asuntos Académicos] sean incorporadas a la misma.” Es decir, si no aceptan sus recomendaciones, niega el endoso y sin su endoso, presumiblemente la Junta Universitaria no aprobará el programa y, por consiguiente, la Junta de Síndicos tampoco lo aprobará.

E. El proceso de aprobación en el Consejo de Educación Superior

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1. Los hechos de acuerdo a la evidencia

El 10 de julio de 2001, la Directora Asociada de la OAA-VAA le refirió al CES la certificación Num. 112 , 2000-2001 de la JS y tres copias de la propuesta (Exhibit 85). La misma fue referida a una analista para sus evaluación. El 13 de julio, la Analista del CES se comunicó por correo electrónico con la Directora Asociada de la OAA-VAA indicándole que le “llamó la atención que las propuestas tienen fecha del 12 de abril de 1996 para la Maestría y del 21 de abril del 1995 para el bachillerato. ¿A qué se debe? Existe alguna actualización sobre los cambios acontecidos en estos últimos seis años? Creo que un [up]date va a ser necesario pues presumo que el roster de la facultad, instalaciones físicas, recursos educativos, entre otros deben haber cambiado”. (Exhibit 86).

La Directora Asociada de la OAA-VAA le comunicó esta información al Director de la ECP, quien solicitó que retirara la propuesta para proceder con la revisión de la misma en función de las interrogantes planteadas. El 7 de agosto de 2001, la Directora Asociada de la OAA-VAA se comunicó por vía telefónica con la Analista del CES para solicitarle la devolución de la Propuesta para responder a las “observaciones que usted nos hiciera en sobre la necesidad de actualizar datos relativos a la facultad de la Escuela y de incluir información que debe ser provista, a tenor con el Reglamento del Consejo de Educación Superior”. Asimismo, le informó que tan pronto la misma estuviera lista, la VPAA radicaría la propuesta nuevamente en el CES y enviara una copia a la Junta de Síndicos. (Exhibit 87).

La ECP hizo las revisiones y remitió la nueva versión a la Vicepresidencia el 30 de noviembre de 2001. En carta fechada el 14 de enero de 2002, la Directora Asociada de la OAA-VAA, informó a la Ayudante Ejecutiva del Presidente sobre el estado de situación de las propuestas y le incluyó el borrador de una carta para tramitarlas al CES. Indicó que la Analista del CES se había comunicado con ella por correo electrónico el 13 de junio de 2001 para explicarle que “para dar por recibida y completa la propuesta, a tenor con la sección 59.4(3) del Reglamento del CES, la unidad debía someter información actualizada en las áreas de facultad, instalaciones físicas y de cursos educativos entre otros. Esta información debía actualizarse, ya que aunque la propuesta se recibió en la Junta Universitaria en noviembre de 1999, la misma había sido redactada entre el 1995 y 1996 y el CES interesaba tener constancia sobre si había o no cambios en esos renglones desde esa fecha hasta el presente”. También informó que la misma había sido devuelta a la ECP por solicitud de la dirección y que la VAA “coordinó la devolución de la propuesta a la unidad”. La ECP la actualizó “a tenor con los señalamientos de la Analista del CES y la devolvió a la VAA, donde la revisaron “para garantizar que los cambios no afectaban los aspectos fundamentales de la propuesta, según aprobada por la Junta de Síndicos.” En el proceso de revisión encontraron “algunos errores menores y articularon con la unidad que se hicieran las correcciones correspondientes. Ya hechas últimas correcciones, la VAA procedió a preparar el borrador de trámite. (Exhibit 88).

Pocos días después, el Presidente de la Universidad envió al CES la carta de trámite, acompañada por tres copias de la propuesta (Exhibit 89). En la portada de esta propuesta aparecían ahora las fechas en que la propuesta había sido aprobada por las diferentes instancias. (Exhibit 90). Nuevamente, el CES encontró que las solicitudes de enmienda estaban incompletas. El 5 de febrero de 2002, la Directora de la Oficina de Licencia y Acreditación le comunicarle al Director de la ECP la lista de documentos que faltaban y le indicaba que en la página 40 se mencionaba que se requerían 135 créditos de graduación, “lo cual es contrario a lo informado anteriormente sobre una reducción del número de créditos a 120” y le solicitaba que “se aclare esta discrepancia”. (Exhibit 91). En carta con fecha del 6 de marzo, el Director de la ECP se comunicó con la Directora de la Oficina de Licencia y Acreditación para indicarle que le había solicitado a la Directora Asociada de la VAA que se asegurara de enviar los anejos originales de la propuestas, al mismo tiempo que incluía varios otros. Uno de éstos incluía la corrección de la sección sobre los requisitos de graduación, la que debía leer ” Los estudiantes deberán aprobar 120 créditos”. (Exhibit 92). El 15 de marzo de 2002, la Directora de la Oficina de Licencia y Acreditación escribió nuevamente al Presidente de la UPR indicándole que no se han recibido los anejos, el presupuesto proyectado para cinco años y que tan pronto se reciba la documentación le “recomendarán al CES que se certifiquen completas las solicitudes de enmienda. En este caso se aplicaría la Sección 59.4 (3) del Reglamento para el Otorgamiento de Licencia a Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico, según enmendado en agosto de 1997, ya que se trata de la creación de concentraciones y especialidades dentro de programas académicos previamente autorizados. Este cambio substancial se considera autorizado hasta que el Consejo lo evalué durante la próxima evaluación de la institución para la renovación de su licencia en el 2005”. (Exhibit 93). El 16 de abril de 2002, el CES emitió la Certificación Núm. 2002-041, en la que autorizó “el inicio de las concentraciones en Comunicación Audiovisual, Relaciones Públicas y Publicidad, e Información y Periodismo en el Bachillerato en Artes en Comunicación en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Río Piedras”. (Exhibit 94).

2. Análisis de los hechos a la luz de la normativa vigente al momento de atenderse la Propuesta

La Certificación 93-113 establece que le corresponde a la JU elevar la propuesta al CES con su recomendación. Con la separación de las funciones del CES ese mismo año y la creación de la JS, el proceso de aprobación se hizo más complejo. Ahora, toda propuesta tiene que recibir la autorización no tan solo de la junta de gobierno de la UPR ñla JSñ sino del CES.

Como se desprende de la evidencia documentada, la VAA asumió la responsabilidad de tramitar la propuesta al CES. El trámite se hizo directamente entre la dirección de la unidad base y el CES por mediación de la VAA. Dentro de la normativa existente, la JU es la responsable de elevar las propuestas a las instancias superiores. No se ha producido evidencia de que la JU haya taxativamente delegado esa responsabilidad a la VAA. Tampoco existe una Certificación de la JS a esos efectos. Lo que si es evidente es que la JU se mantuvo completamente al margen del proceso.

III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de analizar la normativa existente y el proceso de aprobación de la propuesta de revisión del Programa de Bachillerato de la Escuela de Comunicación Pública del Recinto de Río Piedras, el Comité concluyó que, a través del proceso, ocurrieron una serie de graves irregularidades. Como resultaron en la aprobación por parte de la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico de una propuesta de revisión curricular que está fuera de norma en el Recinto de Río Piedras.

En contravención con el espíritu de la LUPR, del RGUPR ñque garantizan la autonomía académica de las unidades institucionales del Sistemañ, y de la normativa interna del RRPñque garantiza la coherencia y la calidad académica de los programas de estudio que éste ofreceñ se presentó ante la JU una propuesta de revisión curricular que no fue aprobada por la unidad base ñla facultad de la ECPñ ni por el SA-RRP. Actuando sobre el supuesto de que la propuesta presentada era la que había sido endosada por este Senado, la JU recomendó la misma a la JS.

A la luz de los hallazgos, y en cumplimiento con la encomienda le hiciera este Senado, el Comité de Reglamento y Ley Universitaria le presenta al Cuerpo las siguientes recomendaciones:

A. Sobre el Programa de Bachillerato autorizado por la Junta de Síndicos mediante la Certificación Núm. 112, 2000-2001, del 8 de marzo de 2001.

1. Que detenga la implantación del programa de estudios del Bachillerato autorizado en la Certificación Núm. 112, 2000-2001 y solicite a la EC que comience una revisión de su programa de Bachillerato utilizando como base la normativa interna, incluyendo el esquema vigente, y la Certificación 93-113.

2. Que se tomen las medidas necesarias para proteger los intereses de los estudiantes que están matriculados en la EC bajo el programa de estudios autorizado por la Certificación Núm. 112, 2000-2001 de la Junta de Síndicos.

3. Que solicite a la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico que deje inmediatamente sin efecto la Certificación Núm. 112, 2000-2001 y le informe los acuerdos antes mencionados.

B. Recomendaciones para fortalecer el proceso de aprobación de propuestas de creación y revisión de programas académicos en el Recinto de Río Piedras:

1. Solicitar al Comité de Asuntos Académicos que recopile la normativa interna del Recinto de Río Piedras en torno al procedimiento de creación y revisión programas académicos y prepare un documento para presentarlo al pleno de Senado antes del 31 de mayo del 2004 para su consideración.

2. Que como parte de esta encomienda, el Comité identifique aquellas áreas en que la normativa es ambigua o no existe y haga recomendaciones al respecto.

3. Que se enmiende el Reglamento del Senado para que el inciso “c” del Artículo 65 lea de la siguiente manera: El Comité de Asuntos Académicos estudiará y formulará recomendaciones al Senado en relación con:

“La creación y revisión de nuevos programas de estudios ya existentes y requisitos académicos, previa propuesta de las unidades académicas y departamentos correspondientes”.

4. Añadir un inciso al Artículo 65 del Reglamento del Senado Académico para que lea:

“Modificaciones a las propuestas de creación y revisión curricular que han sido recomendadas por la Vicepresidencia de Asuntos Académicos y por el Comité de Asuntos Académicos de la Junta Universitaria, después de que la facultad concernida los haya aprobado y antes de que la Junta Universitaria en pleno la considere”.

5. Enmendar el Artículo 36 del Reglamento del Senado Académico para que lea:

“El representante en la Junta Universitaria y los representantes en la Junta Administrativa del Recinto, defenderán los acuerdos del Senado Académico y velarán porque se cumplan todas las disposiciones de este Reglamento, específicamente los que tienen que ver con sus responsabilidades como representantes del Cuerpo ante la Junta Universitaria y la Junta Administrativa”.

6. Que requiera que la portada de toda propuesta de creación o revisión curricular contenga una bitácora en la que se indique las fechas en que fueron aprobadas por las diferentes instancias.

7. Que solicite a la Junta Administrativa que, en aras de garantizar la pertinencia y relevancia de los ofrecimientos académicos de las propuestas aprobadas por el Senado, establezca como política la consideración de las mismas en un plazo no mayor de tres meses.

8. Que encomiende al Comité de Asuntos Académicos y al Comité de Reglamento y Ley Universitaria que estudien posibles recomendaciones a las instancias superiores para fortalecer el procedimiento de aprobación de propuestas académicas, asegurándose en todo momento que no se menoscabe la autonomía académica de las unidades institucionales.